Guanajuato.- En tres años y siete meses, Guanajuato ha enfrentado una de sus rachas de violencia más fuertes de su historia: de enero de 2015 a julio de 2018 han sido aperturadas cuatro mil 60 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de acuerdo con los reportes mensuales publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Carlos Zamarripa Aguirre, procurador general de Justicia del Estado, advirtió que aproximadamente 85% de los homicidios dolosos ocurridos en el estado estén relacionados con la disputa entre bandas criminales dedicadas a los delitos del robo de hidrocarburo y la venta de drogas.
Sin embargo, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, va más allá y en los últimos dos años de su sexenio, el cual termina en 24 días, se haya convertido en el principal portavoz a nivel nacional para que los diputados federales reformaran las leyes para que los delitos de robo de hidrocarburo y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército se convirtieran en delitos graves y ameritaran prisión preventiva.
Incluso, en su último informe de gobierno que dio en marzo, Miguel Márquez dijo que la autoridad en el estado ha detenido a los delincuentes dedicados al robo e hidrocarburo o por portar armas de fuego, pero éstos quedan libres por los beneficios que le da la ley de enfrentar sus procesos en libertad.
“La violencia que hoy sufrimos necesita de reformas legales para poder aplicar prisión preventiva a aquellos que traen armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército, no pueden estar en la calle estas personas, a aquellos que los detenemos robando combustible, con pipas, no pueden estar en la calle, transitando como si nada. Hoy necesitamos reformar la ley, que enfrenten los procesos bajo privación de libertad”, apuntó Miguel Márquez en un discurso que ha sostenido hasta el final de su sexenio, al grado de afirmar que castigar al huachicoleo y a la portación de armas de fuego como “la gran deuda pendiente” que dejaron los legisladores que recién dejaron sus cargos y que ahora heredan ese trabajo a los nuevos diputados federales y senadores.
VIOLENCIA EN CRECIMIENTO
En Guanajuato la violencia va en ascenso.
En 2015, de acuerdo con el SESNSP, Guanajuato cerró con 832 homicidios dolosos, 2016 cerró con 837, pero 2017 terminó con mil 44 carpetas de investigación.
En 2018, tan sólo de enero a julio fue superada la cifra del año pasado, al registrar mil 347 homicidios dolosos. Hasta ahora, mayo de 2018 ha sido el mes más violento de los últimos tres años y medio, con 222 homicidios.
Durante julio, el SESNSP reportó que dos municipios del estado están dentro de los 10 con mayor número de homicidios dolosos por arma de fuego: Irapuato, ubicado en el lugar número siete, y Salamanca, ubicado en el octavo lugar.
REFUERZAN MUNICIPIOS
Después de que el pasado jueves asesinaran al Director de Desarrollo Social y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Agustín Banda Olivares, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, señaló que por instrucción del gobernador una célula especial de agentes de la Procuraduría General del Estado investiga el caso.
Ante el aumento de los actos violentos y los asesinatos en la entidad, el funcionario estatal afirmó que en Guanajuato se refleja la grave situación de seguridad que atraviesa todo el país, poniendo énfasis en que el delito del robo de combustible es lo que ha desencadenado esta ola de ejecuciones, sobre todo en la zona que comprende el Corredor industrial del estado en los municipios de Irapuato, Salamanca y los apaseos.
