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Un coctel de negligencia de empresas navieras y corrupción de las autoridades permitió el estallido que dejó 171 muertos en la capital de Líbano. Oculta tras la tragedia de la mortal explosión de esta semana en Beirut hay una farsa oscura y muy expandida que comenzó en 2013 y explica cómo las dos mil 750 toneladas de nitrato de amonio explosivo acabaron en ese fatídico depósito portuario.
Los investigadores libaneses conjeturan ahora que los fuegos artificiales almacenados cerca de dunas de productos químicos en polvo inflamables ubicados en el Hangar 12 desencadenaron la explosión causante de una onda expansiva que arrasó edificios y rompió ventanas de toda la ciudad. Tras matar al menos a 171 personas, herir a más de cinco mil y dejar sin hogar a otras 250 mil, el estallido resultó tan poderoso que originó ondas sísmicas equivalentes a un terremoto de magnitud 3.3 y se informa que se escuchó y se sintió en Chipre, isla distante a 240 kilómetros a través del Mediterráneo oriental.
Pero las verdaderas causas de esta explosión provienen de factores de una dinámica más lenta y menos espectaculares: negligencia de empresas y corrupción política, cumplimiento anémico por parte de dudosos registros de banderas de conveniencia, que supuestamente deben pedirles cuentas a los propietarios navieros, controles de inmigración maniatados que rutinariamente capturan tripulaciones varadas en barcos decrépitos, normas laxas y una burocracia marítima diseñada más para proteger el anonimato y el secreto de los propietarios navieros que para permitir la supervisión y la transparencia de la actividad.
Esta historia más extensa comienza en un buque de propiedad rusa llamado Rhosus, apenas navegable, con bandera de Moldavia, que en 2013 se dirigía de Georgia a Mozambique transportando toneladas de la sustancia cristalina, volátil e inodora que es el nitrato de amonio. Tripulado por 10 ucranianos y un ruso, el herrumboso carguero fue detenido por autoridades portuarias libanesas que consideraron que no era seguro para continuar su viaje.
Por negarse a contestar las llamadas apremiantes de la tripulación y de las autoridades portuarias, el propietario del barco, un ruso llamado Igor Grechushkin, se vio pronto enfrentado a pagar pesadas multas, incluidos alrededor de 100 mil dólares en concepto de salarios atrasados y tasas portuarias. En respuesta, Grechushkin hizo lo que hacen muchos armadores. Recortó sus pérdidas, se declaró en quiebra y desapareció silenciosamente, abandonando a sus trabajadores, el barco destartalado y su carga mortal.
El hecho de que Grechushkin pudiera desconocer sus obligaciones tan fácilmente es consecuencia de los laberínticos componentes del derecho y la administración marítimos y de la naturaleza marcadamente transitoria y transnacional de la actividad. Las autoridades libanesas se vieron muy presionadas para arrestar a Grechushkin o confiscar su propiedad, debido a que no vivía en el Líbano sino en Chipre y su compañía naviera, Teto Shipping Ltd., estaba registrada en las Islas Marshall.
MARINEROS EN UN LIMBO
Mientras tanto, los hombres dejados a bordo del Rhosus se encontraron en un aprieto sorprendentemente común para los marinos de todo el mundo. Sin agua limpia, combustible y comida, por no mencionar el servicio celular, la asistencia legal y la capacidad de hablar el idioma local, estos hombres no tenían dinero para volver a sus países ni papeles de inmigración que les permitieran desembarcar.
En un día cualquiera, cientos de barcos y miles de marinos pasan por la misma situación. Funcionarios portuarios como los de Beirut tienen escaso poder para repatriar tripulaciones o barcos abandonados cuando quedan en esa coyuntura. Normalmente la carga se envía al propietario legítimo porque viaja asegurada, pero los hombres que trabajan a bordo rara vez tienen esa suerte.
La difícil situación que sufrió la tripulación del buque Rhosus es ilustrativa. Después de varias semanas de estar encerrados en el puerto, la mayoría de los hombres fueron repatriados de manera segura. Pero el capitán y tres de los miembros de la tripulación fueron obligados a permanecer a bordo y durante el año siguiente permanecieron atrapados porque las restricciones de inmigración les impedían volver a casa.
Mientras esperaban, estos hombres advirtieron a las autoridades libanesas que la carga del barco suponía un grave riesgo para su seguridad y la de todos. El 14 de septiembre de 2014 los últimos marinos del Rhosus lograron regresar a casa, con la ayuda de sus abogados y de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF por las siglas en inglés), que es el mayor sindicato mundial de trabajadores marítimos.
El problema de las naves abandonadas rara vez alcanza difusión pública. Pero en los últimos seis años, mientras informaba sobre delitos en el mar, me he topado con cientos de estos atropellos gravísimos.
Tomemos como ejemplo los 16 hombres atrapados en el Zoya 1, un superpetrolero que en abril de 2018 llevaba más de un año atrapado fuera de las costas de los Emiratos Árabes Unidos y se les debía más de cuatro meses de sueldo. Languideciendo a bordo de un barco invadido por los bichos, los hombres fueron desmoronándose de a poco, física y mentalmente, al igual que el propietario del buque para resolver la disputa legal. Imposibilitados de desembarcar, varios hombres que no sabían nadar intentaron suicidarse saltando por la borda.
En una foto tomada en ese momento, los miembros de la tripulación sostenían carteles que decían: "Estamos indefensos. No cometimos ningún delito". La tripulación fue repatriada en junio de 2018.
Estos casos no son raros. Una base de datos creada por la ITF y la sección de trabajo internacional de la ONU indica que entre 2004 y 2018 fueron abandonados en sus buques casi cinco mil marinos en aproximadamente 400 incidentes diferentes. Cada día trabaja en todo el mundo más de un millón de marinos, en su mayoría migrantes de países pobres, en 55 mil buques.
Mientras están a bordo de sus barcos, las tripulaciones se encuentran verdaderamente desprovistas de muchas de las protecciones de las que disfruta la mayoría de los trabajadores de las actividades en tierra y quedan a merced de las decisiones adoptadas por los funcionarios del Estado rector del puerto, como las compañías navieras, los administradores portuarios y las autoridades de inmigración.
"Comida, agua, combustible", dice Ben Bailey, director de defensa de la Misión para la Gente de Mar. "Es difícil para nosotros hacerles llegar suministros a esos hombres". Añade que el problema del abandono de barcos se ha agravado durante la pandemia, ya que el comercio marítimo mundial está estancado. En junio, las Naciones Unidas hicieron un llamado a los gobiernos marítimos para que permitieran que cientos de miles de marinos varados en puertos debido a las restricciones de viaje por Covid-19 pasaran de forma segura a otros buques o regresaran a sus países de origen.
"La ITF viene recibiendo diariamente correos electrónicos de cientos de marinos, en los que expresan su preocupación por los contratos que se están prorrogando bajo coacción", informa Stephen Cotton, Secretario General de la ITF. En mayo, Guy Platten, Secretario General de la Cámara Naviera Internacional, calificó el abandono de buques y tripulaciones como una "bomba de tiempo en marcha".
En el puerto de Beirut, por ejemplo, no lejos del depósito que explotó esta semana, fue abandonado un petrolero llamado Captain Nagdaliyev con 13 marinos a bordo. El 20 de julio de este año, cuando se inspeccionó el buque, la tripulación no había cobrado en seis meses y carecían de agua potable. Los hombres estaban todavía encerrados a bordo de la embarcación en el puerto de Beirut en el momento de la explosión, que arrancó una puerta de la nave antes de que pudieran escapar a un lugar seguro.
Como dejaron en claro los acontecimientos de esta semana, tal abandono no es una preocupación sólo para los trabajadores de los puertos y los barcos, sino para la población en general. La explosión en Beirut ha hecho que la atención mundial se centre en otra crisis, potencialmente peor, que está surgiendo en otros lugares de Oriente Medio.
El FSO Safer, un buque cisterna situado frente a las costas del Yemen que antes se utilizaba como instalación flotante para almacenamiento de petróleo, fue abandonado cuando el propietario yemení que lo mantenía interrumpió su funcionamiento debido a la guerra.
Ubicado en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, esta bomba flotante se encuentra a kilómetros de la costa, pero su explosión podría causar un daño ambiental masivo y además impedir el tráfico marítimo que atraviesa el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Canal de Suez.
Análogamente, ecologistas y funcionarios sindicales han advertido acerca de un posible desastre relacionado con un buque abandonado a 20 kilómetros de la costa de Filipinas en la bahía de Manila. Una tripulación de 15 personas está atrapada en el buque tanque español MV Celanova desde el 2 de febrero. Cargado con gas de petróleo licuado, el buque cisterna carece de suficiente combustible para mantener la carga refrigerada y los funcionarios del puerto advierten que hay riesgo inminente de incendio.
RIESGO DEL NITRATO DE AMONIO
A nivel internacional existen normas estrictas que ordenan que el nitrato de amonio no se almacene cerca de combustibles ni fuentes de calor. En Estados Unidos las regulaciones sobre nitrato de amonio se endurecieron significativamente después del atentado con explosivos contra un edificio federal de la ciudad de Oklahoma en el que murieron 168 personas.
Los funcionarios portuarios libaneses, por otra parte, tenían las manos atadas para manejar el material altamente explosivo que había quedado flotando en sus aguas. El silencio de Grechushkin hizo especialmente difícil para estas autoridades subastar el nitrato de amonio abandonado en la embarcación y liberarse de él. En algún momento entre julio de 2014 y octubre de 2015, el nitrato de amonio se trasladó a puerto y se le depositó a un costado de la principal autopista norte-sur del país, donde permaneció hasta la catastrófica explosión.
No son pocas las culpas a compartir por lo que pasó en Beirut a principios de mes. Seguramente la corrupción y la ineptitud al interior del gobierno libanés jugaron un rol importante. Las autoridades aduaneras trataron repetidamente de obtener la autorización de los jueces locales para que les permitiera incautar el nitrato de amonio a fin de exportarlo o entregarlo al ejército libanés en lugar de almacenarlo peligrosamente en el depósito del puerto. Sus cartas urgentes quedaron sin respuesta durante años.
Impedir el abandono de buques y de marinos les resulta difícil a los funcionarios portuarios de todo el mundo, en parte debido a la forma opaca en que se autocontrola la industria del transporte marítimo. Durante siglos las flotas mercantes del mundo enarbolaron la bandera del país de su puerto de origen. Esa nación era responsable de asegurar el tratamiento adecuado para la tripulación y la seguridad del buque. A principios del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar con la aparición de los "registros abiertos", también llamados "banderas de conveniencia".
La empresa que cobra por el derecho a enarbolar una bandera determinada también es responsable de vigilar a sus clientes, asegurarse de que cumplan las normas de seguridad, laborales y ambientales y de realizar investigaciones cuando las cosas salen mal. Pero en la práctica, las banderas de conveniencia dan lugar a un incentivo perverso para que los operadores de barcos busquen los registros más laxos, con los precios más bajos y menos regulaciones.
La bandera del Rhosus, por ejemplo, corresponde a Moldavia, que figura al menos desde 2013 en una lista negra elaborada por el Control del Estado Rector de Puerto (CERP), organismo naval internacional que vigila y regula el tráfico marítimo, en este caso en aguas europeas comprendidas por el Memorando de Entendimiento de París. El organismo califica a los buques de pabellón moldavo como de "riesgo medio a alto" debido a la cantidad de veces que sus naves han sido inspeccionadas o detenidas en los últimos tres años.
Los medios de comunicación también son cómplices. Desastres espectaculares como la mortífera explosión de Beirut reflejan problemas agudos y suelen llamar la atención de la prensa. Las tragedias en cámara lenta y crímenes burocráticos de negligencia como los que precedieron a la explosión de Beirut raramente se cubren, aun cuando su impacto destructivo sea con frecuencia igual de severo.
Cuando las tripulaciones marítimas abandonadas consiguen llegar a sus hogares, normalmente se encuentran frente a una deuda aplastante debido a los salarios impagos y al dinero que tomaron prestado para conseguir ese trabajo en el mar. Cuando sus licencias de navegación caducan, por lo general también se los incluye en las listas negras de las agencias de empleo locales que controlan el acceso a los puestos de trabajo.
Al hablar con la prensa después de la explosión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la causa como una probable bomba. Las primeras especulaciones apuntaban a que Israel tenía como objetivo el ataque a un depósito de armas cercano perteneciente al partido político libanés y organización combativa Hezbollah, pero el gobierno israelí ha negado cualquier intervención.
Los investigadores libaneses dicen ahora que es más probable que la culpa responda antes a negligencia criminal grave que a terrorismo, y que la fuente de ignición posiblemente tenga origen en fuegos artificiales almacenados en las ercanías. "Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio", declaró el primer ministro del Líbano Hassan Diab.
Pero el problema principal, que probablemente va a captar menos atención, es cómo manejar a los propietarios navieros que se desentienden de sus naves y sus tripulaciones. "Necesitamos que se apliquen en mayor medida las enmiendas sobre abandono que contiene el Convenio sobre Trabajo Marítimo", afirma Ben Bailey, de Misión para la Gente de Mar, refiriéndose al conjunto de protecciones para tripulantes marítimos en sus lugares de trabajo, reconocidas por más de 90 países.
Parcialmente motivada por la mala prensa y la presión de los sindicatos, en 2017 la industria naviera cerró filas de manera inédita y trató de frenar su tendencia a abandonar tripulaciones. Impusieron una nueva norma que exige a los propietarios de buques contratar un seguro que cubra los costos de los navegantes varados en puerto. Lamentablemente, la mayoría de las embarcaciones más chicas y viejas, que es más probable que abandonen a sus tripulaciones, según esta norma nueva no son las que se requiere que tengan ese seguro.
* Ian Urbina, ex periodista de investigación del The New York Times, es el director de The Outlaw Ocean Project, una organización sin fines de lucro basada en Washington D.C que ha focalizado sus reportajes en la contaminación y los delitos contra los derechos humanos en el mar.
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