Derechos inherentes, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o cualquier condición. Así se definen los Derechos Humanos (DH) en el principio de universalidad (1948) que, en uno de sus primeros apartados, expresa que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Las noticias en América Latina no son buenas, así lo reflejan los últimos informes realizados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, donde señalan que discriminación, desigualdad, oleadas de violencia, detenciones arbitrarias e impunidad, son la norma en el continente.
REPRESIÓN
Según un informe de la ONU, América Latina y El Caribe sigue siendo “la región más violenta del mundo para las mujeres” con la tasa más alta de violencia no conyugal y la segunda tasa más alta de violencia conyugal.
A esto, se suma el uso “desproporcionado e innecesario” de las fuerzas de seguridad para silenciar la disidencia de manifestantes, críticos o periodistas, según la ONU. Las represiones en protestas se convirtieron en un denominador común en la región. Pero todo esto no se tradujo en una caída del activismo, al contrario, el creciente descontento social llevó a la población a salir a las calles en determinados países.
En un informe de la ACNUDH de junio de 2018, se refleja que entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril 2018, al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidos arbitrariamente en Venezuela.
En México se registró una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas y más de 34 mil personas seguían sometidas o en desaparición forzada, según el informe de AI 2017/2018.
En Río de Janeiro, Brasil, el caos está en las prisiones: hacinamiento y peligrosidad que se tradujo en más de 120 muertes de reclusos para enero de 2017.
En Honduras, al menos 31 personas fueron detenidas arbitrariamente por protestar y exigir transparencia electoral.
La tasa más alta de homicidios que ha registrado ese año este organismo se registró en República Dominicana y Jamaica.
Los manifestantes que protestaron en diferentes convocatorias en países como Colombia, Paraguay, Puerto Rico o Argentina, no escaparon de las represiones en las hubo un uso excesivo de la fuerza.
Otro estudio de la ACNUDH explica que, en Nicaragua, a principios de abril iniciaron manifestaciones pacíficas que la policía antidisturbios reprimió con golpes y gas lacrimógeno. Según el texto, para el 27 de abril de 2018 ya se habían registrado 30 muertes.
La violencia perpetrada a civiles generaron gran desconfianza hacia las autoridades, por lo que, según el trabajo, la participación en elecciones y referéndums bajó notablemente en países en los que la crisis social y económica demandan un cambio de perspectiva política.
MIGRACIÓN, EL ESCAPE
Las recurrentes violaciones a los DH en la región trajeron como consecuencia un aumento significativo de migrantes, estas personas que huyen de sus países para librarse de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza y que “sufrieron nuevos abusos en sus viajes o al llegar a otros países de la zona”, según el informe deAI, en el que expresan que más de 21 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares.
En respuesta a la crisis, EU se plantea tomar medidas extremas como la construcción del muro que limite la frontera con México. Según ACNUDH “más de 57 mil personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero y muchos de ellos fueron obligados a regresar a sus países”.
México y Argentina recibieron muchas solicitudes de asilo, en el primero se eludieron varias y, en el segundo, el proceso para la recepción de solicitantes es “insuficientes”, según el informe.
