Marieclaire Acosta, próxima presidenta del Comité de Participación Ciudadana, impulsará el diseño de la Política Nacional Anticorrupción, para lo cual ya trabaja en una propuesta que establece tres pilares: el combate a la corrupción en los altos mandos, la detección de redes criminales en los órganos estatales y la atención a las violaciones de los derechos humanos derivados de los actos de corrupción.

De acuerdo con la Ley General del SNA, el Comité Coordinador deberá aprobar la propuesta final de esta normativa, misma que delineará la ruta precisa de lo que se tiene que hacer en materia del combate a la corrupción a nivel nacional.

Sin la Política Nacional Anticorrupción se frenarán proyectos como: la Plataforma Digital Nacional; la profesionalización de los servidores públicos; los perfiles para designar a los Contralores Internos, así como el plan nacional que deberá emitir la Administración Pública Federal, para implementar acciones que se unan a esta lucha.

En su propuesta, Acosta Urquidi destaca también detectar las redes de criminalidad compleja que involucran al crimen organizado con los órganos estatales.

“Se debe privilegiar el combate a la corrupción realizada por los altos mandos, que tiene formas endémicas y genera procesos de cooptación estatal”, se lee en el documento.

Se deben combatir las violaciones estructurales a los derechos humanos”, se lee en el documento al que tuvo acceso El Sol de México.

Ante la complejidad con la que han evolucionado las estructuras de la corrupción y la impunidad en México, se sugiere la ampliación de los organismos coordinados.

De esta manera se consolidaría una red estatal, donde la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación crucen datos en el registro de la propiedad, lo cual aceleraría los procedimientos y atendería problemáticas que se generan en paralelo, como la violación a los derechos humanos.

El SNA ha sido reconocido por la presencia de las organizaciones sociales en su funcionamiento, sin embargo, la doctora Marieclaire Acosta plantea que con el tiempo las autoridades podrían negarse a acatar las órdenes emitidas por este órgano autónomo; por lo que urge a que se establezca “el marco legal, el diseño institucional, así como el poder político suficiente para ejercer el control”, en favor de la ciudadanía.

Advierte que, de no incluirse esta línea en la política pública, los esfuerzos del sistema nacional serán fallidos y reposarán junto a las otras buenas propuestas del pasado.

“Si la política anticorrupción tiene como objetivo los mandos bajos a partir de sobornos realizados de forma aislada, el nivel de tensión será mucho más bajo, el grueso de las organizaciones se mostrarán cooperativas, pero la política anticorrupción no tendrá prácticamente ningún impacto”, explica en su análisis.

Percepción de corrupción

Por otro lado, en un estudio que realizó con la colaboración de miembros de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala que los índices de percepción de corrupción en los cuerpos policíacos aumentaron del 85 al 95 por ciento, y el 84 por ciento de los participantes manifestaron que la impartición de justicia en México es corrupta.

Ante ello, señaló que se deben incluir planes que atiendan específicamente esta problemática dentro de las estructuras que han presentado violaciones a los derechos humanos.

“Existe una correlación entre los índices de percepción de la corrupción en ámbitos como la seguridad nacional; administración e impartición de justicia, con los indicadores generales de derechos humanos según lo demuestran los informes de la CNDH a partir del total de quejas y recomendaciones de la CNDH”, sostiene Marieclaire Acosta.

Como consecuencia, destaca el rezago educativo registrado por el Coneval, la mortalidad infantil y obstáculos para el acceso a la salud; los cuales, dice, están directamente relacionados con las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a las instituciones públicas.

 Entre los delitos relacionados con corrupción que se cometen con mayor frecuencia destacan: la donación en campañas electorales, el uso de información privilegiada, conflicto de intereses, nepotismo, enriquecimiento ilícito, extorsión y la especulación financiera con fondos públicos.

Como uno de los principales objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, propone la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

 Asimismo, insiste en que es primordial que los trabajos de este cuerpo colegiado, se encaminen a la prevención, la transparencia y rendición de cuentas, para fortalecer las acciones estatales en favor de la lucha contra la corrupción.

Otro de los puntos a destacar en la propuesta de la doctora Acosta Urquidi, incluyen el aumento de la participación ciudadana, para dar respuesta a los reclamos de la sociedad sobre las violaciones a los derechos humanos, problemática que comenzó a ser prioridad dentro de la agenda del SNA desde abril del 2017.