El robo de datos personales de los usuarios en Facebook para orquestar campañas de guerra sucia o manipulación del voto, sí podrá ser clasificado como un delito de tipo penal, aunque no esté contemplado en la ley, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana.
“Una de las características de los delitos electorales, son de estricta aplicación, lo que quiere decir que, si el tipo penal no está referido en la ley, no es delito; pero también existe una flexibilidad, ósea, hay tipos penales que dicen que una persona que afecte contra el voto libre y secreto, puede cometer un delito electoral. Entonces, tendríamos que configurarlo en ese ámbito y en esa naturaleza”, explicó Díaz Santana.
Sin embargo, tras celebrar el convenio entre la Fepade y el INAI para blindar el proceso electoral de 2018, los titulares de ambas instituciones coincidieron en que no pueden emprender ninguna investigación contra Cambridge Analytica en México, hasta que un ciudadano manifieste que fue directamente afectado.
“Siempre merecen denuncia específica de quien se sienta o se sepa razonablemente afectado, no es nada más, “oye porque paso algo grave, puedes echar un ojo””, explicó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas.
Díaz Santana señaló que la Fepade “actúa de manera oficiosa, pero requerimos que nos presenten una denuncia en la materia”.
Además, están sujetos a lo que dicten las autoridades internacionales, ya que no es un caso exclusivo de México. Y si se diera el caso, podrían perder atribuciones, dependiendo de lo que dicten las instancias extranjeras como sucedió con el caso de Uber, señaló el comisionado presidente del INAI.
Por otra parte, el titular de la Fepade dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral ya les hizo llegar 74 denuncias por falsificación de apoyos ciudadanos para aspirantes a diputados por la vía independiente, de las cuales, la mayoría corresponden a la Ciudad de México.
En cuanto concluyan con las investigaciones de estas, procederán a indagar las irregularidades de las firmas otorgadas a postulantes al Senado y a la Presidencia de la República.
