Las reforma educativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la contrarreforma que propuso la oposición tienen profundas diferencias, pero también grandes similitudes. La principal coincidencia es sepultar el proyecto que emprendió Enrique Peña Nieto.
La iniciativa del presidente López Obrador, propone fundamentalmente reformar los artículos 3ro, 31 y 73 de la Carta magna y quitar el carácter punitivo hacia los profesores y que se implementó en 2013 con el cese de las plazas a quienes no se sometieran a la evaluación de la SEP.
También busca eliminar los concursos de oposición y la evaluación.
Plantea poner “en primer plano el reconocimiento de la función magisterial y establecer procedimientos de estímulos y valoración positiva” por el trabajo que desempeñan.
La reforma busca desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pues argumenta que “se percibió como un instrumento persecutor” contra los docentes y será remplazado por un Centro para la Revalorización del Magisterio y la Reforma Continúa de la Educación, el estaría a cargo de un consejo tripartita entre el Estado, el magisterio y padres de familia.
Además, estipula que serán abrogadas las leyes Generales del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.
No obstante, esta propuesta fue criticada desde el Congreso por la oposición, quien conformó un bloque (PAN, PRI, PRD y MC), quienes presentaron una contrarreforma y adelantaron que no sustentarán ningún proyecto que dé el control de la Educación a los sindicatos del magisterio y por ello, en su proyecto buscan implementar candados a los gremios magisteriales.
La contrarreforma opositora, aunque tiene coincidencias como eliminar el carácter punitivo de la evaluación, difiere en sustituir al INEE, y propone un Centro autónomo, cuya operación será técnica, sin tintes políticos, y destaca que tiene como fin mantener la autonomía universitaria.
Además, bosqueja que ningún interés se imponga ante el derecho a la educación, lo que constituye un freno ante las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ambas reformas coinciden en reconocer a los educandos como el eje central y destacan que ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio del derecho a la educación o impedir el acceso y permanencia en los servicios educativos prestados o autorizados por el Estado, y constituye un candado a los gremios magisteriales.
Por otra parte, la iniciativa del bloque opositor reconoce que la ley actual debe cambiarse y adquirir un carácter pedagógico y no laboral.
Sobre esta iniciativa de la oposición, el doctor Ángel-Díaz Barriga Cásales, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, señaló que es una propuesta redactada con más cuidado; sin embargo, observó que en los artículos transitorios “mete una trampa”, consistente en plantear que la actual junta de gobierno del INEE permanezca, y explicó que esta junta no debe permanecer, pues “es corresponsable de los errores” de la reforma vigente.
Sostuvo que, si se desea cambiar la educación, “el cambio debe ser de raíz”; por otra parte, observó que también hay coincidencias en la propuesta de la oposición con la del Ejecutivo en cuanto a la mejora de la educación, “yo pienso que debemos mejorar nuestro sistema educativo, le hemos puesto malos calificativos: calidad de la educación, y lo vuelven a repetir; y yo pienso que es un concepto que viene del neoliberalismo, viene del mercado y la cantidad siempre se traduce con cantidades, siempre se traduce en medir cosas superficiales que no son.
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