La detención del dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, acusado por lavado de dinero puso al descubierto una presunta red de corrupción que encabezaría Alberto Anaya, máximo liderazgo de este partido durante más de 20 años, y su esposa María Guadalupe Rodríguez Martínez, que les habría dejado un fondo de inversión de 67 millones de pesos.
La esposa de Anaya, en su calidad de directora general de 17 CENDIS de la Asociación Civil ‘Tierra y Libertad’ en Nuevo León, recibió este año 100 millones de pesos del gobierno estatal.
La Asociación, a través de la cual el PT manejó recursos públicos, fue registrada en julio de 2010, en Monterrey, Nuevo León, bajo el folio 2934850.
El Ministerio Público Federal presentó pruebas al juez de que María Guadalupe Rodríguez transfirió 12 millones 899 mil 909 pesos a Quiroz entre el 2 de febrero y el 13 de junio de este año. Y en ese mismo periodo, Quiroz presuntamente realizó 57 retiros que alcanzaron la suma de 11 millones ocho mil 592 pesos.
La audiencia inicial de Quiroz se llevó a cabo en el Reclusorio Norte y se prolongó por más de seis horas.
La carpeta de investigación revela que desde 2012, el exdiputado local Héctor Quiroz ha recibido depósitos por 67 millones 883 mil 961 pesos, de los cuales ha retirado 40 millones.
Durante la audiencia de vinculación surgieron otros nombres. María Guadalupe Rodríguez también transfirió seis millones de pesos a una cuenta registrada a nombre de María Cristina Martínez y nueve millones de pesos a otra cuenta cuya titular es María Mayra Paredes Díaz.
La PGR también denunció que Quiroz no declaró a las autoridades fiscales ninguno de los depósitos que recibió de la esposa de Anaya.
Un juez federal de control concedió esta tarde la medida cautelar de libertad a Héctor Quiroz García, dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes, por el caso donde le imputan el presunto lavado de 100 millones de pesos otorgados por el Gobierno de Nuevo León a los Centros de Desarrollo Infantil.
El juez de del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte permitió al político enfrentar en libertad el procedimiento penal. Y el petista tiene un plazo de cinco días para pagar una garantía de 600 mil pesos y entregar al juzgado su pasaporte para evitar que salga del país.
Quiroz solicitó la duplicidad del término para que le definan su situación jurídica. Su próxima audiencia se realizará el sábado a las 11:00 horas y ahí se determinará si vincula o no a proceso al dirigente partidista.
