El Gobierno de la República aseguró que la Ley de Seguridad Interior permitirá contar con un marco jurídico en la materia para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad en distintas zonas del país y dotar de un marco legal a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las Armadas.

“El proyecto de ley (de Seguridad Interior), además de dejar clara la importancia del respeto a los derechos humanos, facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegura que el papel de las Fuerzas Armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley”, anotó.

Mediante un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y la de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, indicó que la ley permitirá fortalecer las respuestas y garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada en algunos lugares del país.

Consideró por ello, que el marco normativo que se discute actualmente en el Senado de la República -y que en su momento fue considerado por la Cámara de Diputados-, busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las Fuerzas Armadas.

Además de que permitirá fortalecer los esfuerzos para avanzar en el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales a fin de que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad pública.

En ese sentido, el gobierno federal indicó que ha dado seguimiento a los debates generados en las sedes legislativas, los cuales han contado con diversas fuerzas políticas y sociales dentro del país y han generado modificaciones para garantizar el cumplimiento del marco constitucional en su aplicación.

Destacó su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley, al tiempo que reconoció el papel de las Fuerzas Armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada.

Ante los distintos pronunciamientos de mecanismos de derechos humanos, recordó que el gobierno de México ha buscado privilegiar la comunicación y remisión de información sobre la iniciativa de ley.

Lo anterior, incluyendo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Es así que, reiteró, en la aplicación de legislación en la materia, necesariamente deberá regir lo dispuesto en el Artículo 1 constitucional y otras disposiciones fundamentales la Carta Magna, incluyendo el imperativo de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.

El Gobierno de la República ratificó su compromiso para continuar el diálogo y la cooperación con las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, así como con los actores interesados y la sociedad civil en su conjunto.

/eds