El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, por lo que pedirá a la Cámara de Diputados 18 mil 226 millones de pesos, dinero que será para la organización de las elecciones federales del año entrante y para su gasto corriente.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, justificó esta cantidad de dinero al recordar que esta será la elección más grande en la historia democrática de México al poner en competencia electoral tres mil 416 cargos de elección popular, entre ellos el de presidente de la República, ocho gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 500 diputados y 128 senadores, entre otros, por lo que se requiere ese presupuesto para garantizar la organización de los comicios.
De ejemplo puso que para las elecciones del año entrante se tendrán que contratar 45 mil 368 supervisores y capacitadores electorales, 32.2%% más que en 2012; se contará con 11.4 millones de ciudadanos insaculados, 41.7% por arriba de la última elección presidencial; y se fiscalizarán 80 mil informes de gastos de campaña, la cifra más alta en la historia.
Ante tal situación, Córdova Vianello defendió el presupuesto para el año entrante, que según los cálculos del mismo INE es 7% superior en términos reales (el incremento menos la inflación) al de 2015, cuando fue la última elección federal.
“Somos conscientes, en eso quiero ser claro, del contexto adverso que atraviesa el país. Por eso precisamente, esta institución, ha sido una de las más solidarias, sino es que la más solidaria al haber devuelto más de mil millones de pesos de su presupuesto autorizados y entregados por la Cámara de Diputados para enfrentar urgencias más apremiantes que la que se consideró en su momento”, dijo ante las críticas al alto presupuesto que recibe el INE y los partidos políticos.
El consejero presidente aseveró que en breve debe de haber un análisis y debate sobre el modelo de financiamiento al sistema político electoral, para responder a las críticas de diferentes sectores sociales por el alto costo de la democracia en México.
