La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, y solicitó al Gobierno del Estado de Nayarit la implementación de medidas cautelares con el fin de garantizar la integridad de sus familiares, así como proporcionarles la contención emocional necesaria.
De acuerdo a los primeros informes, el asesinato de Díaz González fue perpetrado el pasado 8 de septiembre en su domicilio, aunque la información del mismo fue difundida el día de ayer, ante lo cual la CNDH solicitó a las autoridades correspondientes dar con los responsables, presentarlos ante la justicia para que reciban la sanción que en derecho corresponda, así como evitar hechos de similar naturaleza y que este caso no quede impune.
Margarito Díaz, defensor del medio ambiente
El Organismo Nacional reprobó todo acto de violencia, especialmente cuando deriva, como en este caso, en la privación de la vida de un dirigente de la comunidad Wixárika, y pidió que se considere como línea de investigación la oposición que como defensor del medio ambiente siempre tuvo hacia la construcción de la presa de almacenamiento “La Maroma” y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí.
Recalca que la construcción de dicha presa, que abastecerá de agua a los estados de Durango, Jalisco y Guanajuato, de acuerdo con el líder Díaz González, afectará Wirikuta, pueblo sagrado de los huicholes.
No obstante, en la consulta previa, libre e informada al pueblo Wixárika las autoridades federales y estatales dieron a conocer a esa comunidad que se preservarán los centros ceremoniales en el área natural protegida de Wirikuta, se reforestará la zona y habrá cuidado del medio ambiente, por lo cual accedieron a la realización del proyecto.
Al actualizarse los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable ante el homicidio del promotor de los sitios sagrados de la comunidad Wixárika, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares y dispuso que personal se traslade al lugar de los hechos a efecto de brindar acompañamiento y asesoría a los familiares de la víctima para que puedan hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.
