CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Impunidad, es la palabra que describe el caso de la joven Guadalupe Tapia Campos, quien durante más de 10 años enfrentó un proceso legal en contra de una cooperativa de transporte público de la ciudad, luego de un hecho de tránsito y, a pesar de haber ganado el juicio desde 2017, no hay autoridad que haga valer la resolución de realizar el pago de 3.6 millones de pesos; ni el Municipio ha conseguido poner orden a la línea EVI, en la cual la mayoría de sus unidades circulan y presta servicio sin placas y sin concesión.

Dijo que para poder embargar a la línea o los responsables de ese accidente, él tuvo que hacer un depósito de 85 mil pesos que ahí están, pero el embargo, por las artimañas de la justicia guanajuatense, no se logró.Carlos Tapia

Desde el inicio del juicio en el 2008, mismo año en que Lupita resultó herida de gravedad, luego de que un urbano embistió la moto en que viajaba con su mamá, ha habido apelaciones de ambas partes, concluyendo todo el proceso el 10 de mayo de 2017; sin embargo, la familia Tapia Campos no ha recibido justicia, pues a quienes se les declaró culpables no han reparado los daños.

Lupita Tapia Campos ahora cuenta con 21 años de edad y sufre las secuelas del accidente que la ha dejado discapacitada y sin la posibilidad de convertirse en madre; sin embargo, ella busca la manera de salir adelante en una pequeña estética que tiene muchas carencias y en la que trabaja cada vez que su condición física y dolores corporales se lo permiten; mientras que sus padres luchan por tener justicia, pagar la hipoteca de su casa y las múltiples deudas que han adquirido para enfrentar el litigio y los gastos médicos de su hija.

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Durante el largo proceso que ha vivido la familia han contado con apoyo de algunos servidores públicos, pero no ha sido suficiente para costear los gastos que genera la discapacidad de la joven, ya que de las 22 cirugías que le han realizado, la línea Enrique Velasco Ibarra (EVI) únicamente pagó dos intervenciones; mientras que, a pesar de comprometerse a una pensión vitalicia de cinco mil pesos semanales, la agraviada sólo recibió el pago dos meses, después de la firma del convenio el 4 de septiembre de 2008.

Carlos Tapia Cabrera y Candelaria Campos Contreras, padres de la joven, exigen que se haga justicia a su hija y que, quienes fueron señalados como culpables, respondan a lo dictaminado por el magistrado propietario de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Diego León Zavala.

Aseguran los afectados que han vivido un “peregrinar” en la búsqueda de que se cumpla el veredicto, en el que se condena a José Manuel Vázquez García, conductor del camión; a Gilberto Uribe Hernández, propietario del vehículo, y a la persona jurídica Sociedad Cooperativa de Autotransportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra S.C.L. a pagar 146 mil pesos por reparación del daño; al conductor, a pagar 48 mil 666 pesos por daño moral; a la Cooperativa, el pago de una pensión vitalicia por cinco mil pesos semanales, desde el inicio del juicio hasta la resolución del mismo; 10 mil 856.76 pesos por gastos generados por rehabilitación; y 15 mil pesos por los gastos médicos.

A más de 10 años del accidente, Lupita requiere de una nueva cirugía para que le hagan un cambio de la placa metálica que tiene en la cadera, pero por falta de recursos ésta ha estado pendiente; además dijo, ella debería estar tomando hormonas desde hace 10 años, pero no ha podido hacerlo porque el dinero no alcanza para todos los gastos.

El licenciado J. Lázaro Palma Aguilar lleva el caso desde sus inicios, y dijo que a casi dos años no han podido ejecutar la sentencia en favor de la familia Tapia Campos, ya que han acudido a los domicilios de la línea EVI, al menos en ocho ocasiones, para proceder con el embargo, sin tener resultado.

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El padre de la joven ha buscado audiencias con la alcaldesa Elvira Paniagua y espera pronto tener un acercamiento, así como con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que por otros medios que ellos tengan a su alcance se ejecute la sentencia.