CELAYA, Gto.- La propuesta de reforma para la eliminación de siete organismos autónomos aún no ha sido discutida, ni aprobada, sin embargo, de aprobarse habría mayor concentración de poder y menor rendición de cuentas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien, a través de un análisis llevado a cabo sobre el tema, resaltó las implicaciones negativas que conlleva esto para la competitividad de México.
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Por una parte, de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estos siete organismos representan un gasto innecesario para la función, por lo que, considera que sus funciones puedan ser absorbidas por otras dependencias de gobierno.
Estos siete organismos son: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La información del IMCO precisa que las implicaciones para la competitividad de los órganos autónomos que desaparecerán con la reforma son, en el caso del INAI que “los derechos de acceso a la información y protección de datos personales quedarían sin garantía, lo que impactaría negativamente en la capacidad de rendición de cuentas y la certeza jurídica en el país”.
Sobre el CONEVAL menciona que con su desaparición “se abre la puerta a una evaluación menos rigurosa de la política social, con implicaciones negativas para las decisiones presupuestales y la calidad de los programas sociales”; con la COFOCE se pondría en riesgo la garantía de libre competencia en los mercados, lo que podría afectar la diversidad, la calidad, y los precios en bienes y servicios.
Sobre el IFT refiere que se abre la puerta a una regulación discrecional en el acceso al espectro radioeléctrico, las redes de comunicación y la comunicación vía satélite, en detrimento de la competencia y la calidad; en MEJOREDU se limitarían a la evaluación de la política educativa y las acciones para mejorar las competencias de los estudiantes y trabajadores; con la CNH se perdería un órgano técnico, independiente de Pemex y los privados, que se encarga de administrar las asignaciones y contratos petroleros y con la eliminación de CRE “no habría garantía de un piso parejo en la regulación de la electricidad, el gas natural y los petrolíferos”.
Precisa que eliminar el IFT, la COFECE, CRE para integrarlas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energy (SENER), respectivamente, tiene potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T- MEC y, es que, los integrantes están obligados a asegurar la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente, imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.
También debe mantener una autoridad o autoridades nacionales de competencia que sean responsables de la aplicación de las leyes nacionales de competencia y den trato no menos favorable a personas de cualquier país miembro del T-MEC, además de que deben garantizar que los órganos administrativos que regulan a empresas del estado, incluyendo aquellas que operan en el sector energético, ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial.
De igual forma, asegura que eliminar estos organismos afectaría la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual es esencial para la competitividad y la certeza jurídica en México. Por lo tanto, menciona que cualquier reforma constitucional debe considerar aspectos como contrapesos al poder, transparencia, rendición de cuentas y competitividad, así como el potencial impacto sobre la relación con Estados Unidos y Canadá.
Ya que al perderse la confianza institucional y la certeza jurídica podría desestabilizar la inversión extranjera y el comercio exterior, por lo que, se incrementarían los riesgos para la economía de México.
Finalmente, cabe mencionar que la aprobación de esta reforma se tenía contemplada analizar y en su caso aprobar el 1 de septiembre, sin embargo, no se ha avanzado en pleno.