CELAYA, Gto.- A seis meses de haber entrado en vigor el Sistema de Justicia Cívica, el cual inició el 28 de junio pasado, se han llevado a cabo 400 procesos, quejas o denuncias, así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, quien señaló que las faltas más comunes son ingerir bebidas alcohólicas y escandalizar en la vía pública.
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Gámez Campos explicó que de los casos desahogados, con un corte a mediados del mes de diciembre, que han llegado a amonestaciones, arrestos, multas, además en algunos casos se ha impuesto el servicio a la comunidad con trabajo social, de los 400 procesos, 19 han sido ciudadanos que han sido arrestados por faltas administrativas y han optado por hacer trabajo social, que va desde la limpieza en áreas públicas o edificios de la administración municipal o pintura en algunas áreas comunes, este trabajo es equivalente a las horas de arresto dependiendo la falta por la cual fueron detenidos, señaló el secretario del Ayuntamiento.
Jorge Gámez Campos mencionó que desde finales de junio que comenzó a operar la Justicia Cívica en el municipio, fue con dos Juzgados Cívicos, con una plantilla de 24 personas entre jueces cívicos, secretarios de juzgados, facilitadores y área médica. Se ha ido trabajando con todas las dependencias de Tránsito y Policía Vial, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Servicios Municipales y Fiscalización y que conforme vaya habiendo la demanda se estaría abriendo un tercer juzgado.
El funcionario municipal resaltó que con la entrada en vigor de la Justicia Cívica para el municipio de Celaya, se garantiza que los ciudadanos sean escuchados, se resuelven de manera expedita y más amigables las controversias entre ciudadanos y autoridad, además se evita que los conflictos entre ciudadanos escalen a un nivel de violencia más fuerte y se convierta en algún delito.
¿QUÉ ES LA JUSTICIA CÍVICA?
La Justicia Cívica es un sistema fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, que permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.
Este sistema funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia.
Ante la Justicia Cívica pueden llegar las personas mayores de 18 años que cometan actos y omisiones que atenten contra la tranquilidad, dignidad y seguridad de la ciudadanía, afectando el libre tránsito, el medio ambiente, así como el buen funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Las sanciones van desde una amonestación, multa, trabajo comunitario o arresto.