CELAYA,Gto.- En apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este martes votó el proyecto contra la Reforma Constitucional, jueces, personal del Tribunal de Justicia, medidores, integrantes del Colegio de Abogados y ciudadanos realizaron una manifestación pacífica en el patio de los Justados Civiles.
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Sin interrumpir labores, en la manifestación los jueces en lo familiar, Alfredo Álvaro León y León Flores Avitia, informaron que la manifestación pacífica es en abono al voto del proyecto contra la Reforma Constitucional.
“Se va a resolver, a través de una controversia constitucional, el visor constitucional de la propia reforma judicial. El proyecto del Ministro se vota hoy martes. El Ministro hizo público el proyecto y tiene una sentencia que ampara de manera parcial. Es una controversia constitucional que es más arriba del juicio de amparo”, expuso.
Por su parte, Sandra Lorena López Vázquez, secretaria proyectista, y el licenciado José Guadalupe Marín Gutiérrez, secretario de gestión, ampliaron que la reforma constitucional se echará para atrás.
“La Reforma Constitucional señala que se deben elegir por voto popular todos los cargos del Poder Judicial, desde los ministros de la Corte hasta jueces. Pero de acuerdo al estudio que hace el ministro Carranca, él determina que si es posible el voto popular en cuanto es el ministro de la Corte y los ministros del Tribunal Electoral, pero no así para magistrados y jueces, porque se vulneraría la soberanía y la independencia”, expusieron.
Reiteraron que la finalidad es echar para atrás la reforma constitucional, aplicado a jueces y magistrados, porque son los que están al frente con el justiciable, el cual no llega al ministro de la Corte, sino que llega un juzgado que es el que tiene el trato directo, y es el que debe ser imparcial.
“Normalmente los ministros de la Corte son elegidos por el Senado, por ternas que manda el legislativo, por lo que la elección de ellos sí es de manera votada, y no hay problema, pero los magistrados y jueces no”, señalaron.
Ante la posibilidad de que sea un proyecto aprobado, pero al poder oficialista no le agrada, el escenario que se viene es que el poder legislativo y el poder ejecutivo deben respetar y acatar la determinación judicial de la Suprema Corte de la Nación, pero también es una situación cantada que no quieren acatar.
“Pero de no acatar la sentencia de la Corte, daría como consecuencia jurídica el desafuero, sin necesidad de juicio político. Luego entonces, si el poder ejecutivo protestó respetar la Constitución, entonces, en consecuencia, debe acatar la sentencia de la Corte”, explicaron durante y después de la manifestación.
