CELAYA, Gto.- Dar suficiente presupuesto para monitorear y supervisar la correcta explotación de las concesiones, invertir en la conservación y modernización de la infraestructura hídrica, así como diversificar las fuentes de financiamiento de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, son algunas de las propuestas que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hace ante las reformas en materia de agua y energía presentadas por el Ejecutivo Federal, en las cuales se piensa prohibir nuevas concesiones industriales y agropecuarias en zonas con baja disponibilidad y eliminar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica

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En el análisis realizado por el IMCO se asegura que, bajo el contexto de una gestión deficiente del agua, el cambio climático y ante la falta de un avance en la construcción y operación de infraestructura eléctrica que lleve a la transición energética es que se requieren políticas públicos que permiten un acceso a insumos básicos que sean seguros, eficientes, limpios y fiscalmente responsables.

En materia de aguas, puntualiza, la reforma propone cancelar las concesiones para usos distintos al doméstico en zonas con baja disponibilidad; mientras que con la reforma en materia energética se pretende plasmar en la constitución que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prevalencia sobre sus contrapartes privadas en el sector eléctrico.

Para lograr esto, el Ejecutivo Federal propone modificar los artículos 4, 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía y agua, por lo que, en el Artículo 4 se establecería que el agua para consumo humano tendrá preferencia sobre cualquier otro uso; en el Artículo 25 se propone cambiar la naturaleza de las empresas productivas del estado por la de empresas públicas, destacando la CFE.

En el Artículo 27 se propone cancelar las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica, además las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

También se prohíbe el otorgamiento de concesiones de agua en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad salvo asignaciones destinadas a centros de población para garantizar el consumo personal y uso doméstico.

En el Artículo 28 se agrega el servicio de internet que provea el estado al listado de áreas estratégicas y establece que los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional sean el preservar la seguridad y autosuficiencia energética, proveer electricidad al menor precio posible, impidiendo el lucro, a fin de garantizar la seguridad nacional y la soberanía a través de la empresa pública.

Se asegura que estas reformas tienen seis implicaciones centrales para el manejo de los recursos naturales y la política energética del país. La primera, indica, es que dichas reformas enviarán un mensaje de incertidumbre jurídica, ya que se limitaría a las inversiones directamente afectadas y se daría el mensaje de que el país no tiene un compromiso creíble con el estado de derecho.

La segunda menciona que al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos; en la tercera se asegura que favorecer a la CFE por criterios políticos tendría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables.

En la cuarta implicación se indica que eliminar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica obligaría a la CFE a ocupar el gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura en redes; en la quinta implicación se menciona que el eliminar el mandato de la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el país como su propietario para convertirse en una empresa pública sin multas de lucro permitiría que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda público.

En la sexta implicación se menciona que la redacción de las modificaciones al artículo 27 provocarían que no solo se prohíban nuevas concesiones de agua para uso industrial, sino también para uso agropecuario, lo que impactaría al sector en zonas afectadas por sequías.

Para concluir, sobre la reforma en materia de agua propone que se dé el presupuesto suficiente para monitorear y supervisar la correcta explotación de las concesiones, invertir en la conservación y modernización de la infraestructura hídrica; mientras que en materia energética propone diversificar las fuentes de financiamiento de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.