GUANAJUATO, Gto.-(OEM-Informex):- La Comisión de Justicia del Congreso local donde se aprobó, por unanimidad, la iniciativa para tipificar los delitos que resulten de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, con penas que van de entre cinco a 15 años de prisión.
La iniciativa, que reforma el Código Penal, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la presentó el titular del Ejecutivo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Al aprobar este dictamen los legisladores destacaron que hay una urgente necesidad de tener este delito en el Código Penal del Estado, “para castigar a los que lastiman a nuestra sociedad por medio de estas operaciones”, señaló la Presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Cristina Márquez Alcalá.
Lamentablemente estas acciones están dañando a los guanajuatenses, por lo que no podemos dejar abierta por más tiempo la posibilidad de que sigan afectando a la sociedadCristina Márquez Alcalá.
La legisladora resaltó la participación en la reunión del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica, quienes enriquecieron la propuesta con sus aportaciones y comentarios.
Asimismo, mencionó que dentro de la iniciativa existe un agravante que señala que quien cometa o participe en este delito sea un servidor público, adscrito a las áreas de prevención o procuración de justicia, entre otros, la sanción se incrementa hasta alcanzar los 20 años de cárcel.
Por su parte, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, integrante de esta instancia legislativa, dijo que de lo que se trata es castigar estas conductas ilícitas, a lo que agregó: “tenemos que dar seguimiento a cómo se va moviendo el dinero, de lo contrario van a seguir delinquiendo y van a tener los elementos para seguir haciéndolo, tienen la riqueza económica para irse moviendo y operando, no solo en el Estado, sino en el país e, inclusive, de manera internacional”, apuntó.
Participaron en los trabajos la legisladora Jéssica Cabal Ceballos; Raquel Barajas, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; Gloria Jasso Bravo, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y de la Fiscalía General, Elizabeth Durán.
