CELAYA, Gto.- La Oficial Mayor, Erika Samantha Cruz Soria, informó que ya se tiene el presupuesto de un millón 252 mil pesos para la contratación del personal que falta en los dos Juzgados Cívicos, y se prevé que en enero ya esté contratado.
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La encargada del personal del gobierno señaló que son cinco plazas las que se van a contratar que serían: un criminólogo, un psicólogo, un trabajador social, un facilitador , una recepcionista y que el recurso es de un millón 252 mil pesos anuales y serían contracciones por tiempo determinado.
Cruz Soria dijo que se dará preferencia al personal que ya labora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCC) si les interesan los puestos, de no ser así se tiene una bolsa de currículum de donde se estaría invitando a las personas.
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Hace unos días el regidor presidente de la Comisión de Recursos Humanos, Aldo Sahib Velázquez Velázquez, explicó que la solicitud de la Secretaría del Ayuntamiento, fue para completar la plantilla mínima para la operación de los dos Juzgados Cívicos, lo cual se analizó en la Comisión y se instruyó a la Oficial Mayor Erika Samantha Cruz Soria, para que analizara la situación y buscara los recursos.
“El arranque del juzgado cívico se dio con una proyección con menor personal al que marca la plantilla, con la intención de ahorrar un poco de recursos para poder lograr el arranque, y posteriormente irla completando poco a poco”, señaló el regidor presidente de la Comisión de Recursos Humanos en su momento.
¿QUÉ ES LA JUSTICIA CÍVICA?
La Justicia Cívica es un sistema fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, que permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.
Este sistema funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Ante la Justicia Cívica pueden llegar las personas mayores de 18 años que cometan actos y omisiones que atenten contra la tranquilidad, dignidad y seguridad de la ciudadanía, afectando el libre tránsito, el medio ambiente, así como el buen funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Las sanciones van desde una amonestación, multa, trabajo comunitario o arresto.
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