CORTAZAR, Gto.- (OEM-Informex).- Brenda Canchola Elizarrarás, consejera presidenta del IEEG, no descartó que el Plan B del presidente de la República en su intento por acotar al Instituto Nacional Electoral (INE) modificando leyes secundarias, invada facultades que constitucionalmente son de los congresos locales. Se pretende limitar la facultad reglamentaria de las autoridades electorales y “desde mi perspectiva atenta contra la facultad y atribución constitucional de vigilar por el ejercicio pleno de derechos político electorales”, dijo.
En entrevista, externó que cualquier reforma en las leyes electorales tiene una incidencia en las actividades de todas las autoridades, tanto nacionales como locales, “en el caso particular de las instituciones electorales estatales en el Plan B hay un artículo específico que habla sobre la reestructuración de las autoridades electorales, de su estructura orgánica, sin embargo y desde mi perspectiva es una atribución que le corresponde únicamente a los congresos locales y habría ahí una posible invasión de competencias, habrá que estar atentos en ese aspecto”.
“De manera general, el Plan B afecta en temas relacionados con la estructura del INE y va por la desaparición de aproximadamente el 80% de su estructura permanente, lo que implica que las personas que tienen en los módulos, las que están permanentemente en las oficinas tanto en las juntas ejecutivas como en las distritales ya no estarían, ahorita de determinado número ya se habla de una sola persona a cargo de las juntas, lo que necesariamente demeritaría el servicio que hasta ahora se da”.
Explicó que también “al momento que se tenga esta estructura desconcentrada, que es lo que se pretende con la propuesta de reforma que se daría en febrero, como se ha anunciado, sería que probablemente nosotros como autoridades electorales tendríamos que asumir algunas atribuciones materiales en el proceso electoral”.
Con las reglas como están, detalló, las autoridades estatales y federales tenemos atribuciones específicas en la constitución y en las leyes mediante convenios que luego aplicamos en capacitaciones, funcionamiento de casillas y muchos otros temas que se abordan a través de los convenios que se hacen con la autoridad nacional para salir adelante en los procesos electorales.
Puso como ejemplo el padrón electoral, que es propiedad del INE, y es su atribución tenerlo, “nosotros tenemos que coordinarnos para que nos lo proporcionen los datos, son cuestiones técnicas que tendríamos que ver cómo se van a solventar porque sin el personal permanente que se encarga de todo esto, ya que probablemente se van a demeritar las atribuciones de la autoridad nacional e incide en el trabajo que hacemos nosotros”.
Agregó que oro punto es el de limitar la facultad reglamentaria de las autoridades electorales y “desde mi perspectiva atenta contra la facultad y atribución constitucional de vigilar por el ejercicio pleno de derechos político electorales, de las personas y acciones que se han ido tomando para que grupos en situación de discriminación histórica, sean contemplados, esta parte se quiere dejar en la vida interna de partidos políticos, esto tiene un detalle importante que habría que atender ya que va contra los principios constitucionales”.
