CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en Guanajuato, Armando Guzmán García reunió ayer más de 60 expedientes para ser entregado a las oficinas centrales, y a la vez, éstas iniciar ante el Tribunal una demanda colectiva que busca sancionar a las empresas que construyeron el fraccionamiento de El Rehilete, y recuperar lo que los afectados han pagado por las viviendas que en su mayoría están cuarteadas o que se les entregue una casa nueva.
Por su parte, y ante más de 60 vecinos que se han manifestado porque sus viviendas presentan cuarteaduras y daños estructurales, el delegado de Infonavit en Guanajuato, Francisco López Manjarrez, entregó las primeras 35 órdenes de suspensión de pago que los trabajadores hacen a dicha institución.
En la reunión entre PROFECO, Infonavit y más de 60 vecinos, Francisco López aclaró que la suspensión de pago es por dos meses, y reconoció que no pudo conseguir más tiempo, sin embargo, con la demanda colectiva que hará la PROFECO, buscará en oficinas centrales que sea más amplio el tiempo de la suspensión de pago, pero no lo aseguró.
Durante la reunión, en donde hubo momentos de tensos diálogos entre las autoridades y los vecinos afectados por las casas que muchos han optado abandonar, se pidió a Infonavit que se les reubique a poco más de 60 que todavía habitan las casa que se encuentran en peligro de colapsarse.
Ante tal petición, el delegado de Infonavit, no se comprometió a conseguir casas y reubicar de forma temporal a los afectados, sin embargo, dijo que se lleva la tarea, y en caso de conseguir casas para prestarlas, se les informaría, pero aclaró que no es promesa.
En la reunión quedó claro que Infonavit sólo es la que entregó un crédito, por lo que la responsabilidad recae en las empresas constructoras en caso de que las viviendas colapsen y muera uno o varios integrantes de la familia.
Francisco López contextualizó que son 211 las viviendas del fraccionamiento El Rehilete, de los cuales un promedio de 65 a 70 viviendas presenta daños de estructura, 56 están ocupadas, cuatro de las viviendas más dañadas no están habitadas, se han presentado dos defunciones y se cancela el pago del crédito, tres casas has sido requeridas por Infonavit por falta de pago, y el resto de las casas están desocupadas.
Las dos empresas a cargo de la construcción del fraccionamiento se llaman Vivienda del Bajío y Urbanizador Ursa, las cuales no son guanajuatenses, sino que tienen su registro en Torreón, pero PROFECO expuso en la reunión que ambas no pueden declararse en quiebra y tampoco pueden desaparecer, porque los dos actos son causa de delito y por lo tanto de cárcel.
Cabe señalar que la demanda colectiva será presentada el próximo lunes, en la Ciudad de México, por oficinas centrales de PROFECO ante el Tribunal correspondiente, y se aclaró a los vecinos afectados que no se puede prometer un tiempo determinado para tener una resolución, pero puede ser desde dos meses hasta más de un año.
