CELAYA, Gto.- Es obligación del gobierno municipal pagar a los ejidatarios de la Primera Fracción de Crespo lo correspondiente a la brecha ejidal de cinco mil metros cuadrados, y en consecuencia la pavimentación de dicho acceso de terracería para que la Defensoría Civil y Conagua puedan tener su entrada de manera legal.
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Así lo informó Miguel Hernández López, presidente del Comisariado Ejidal de la Primera Fracción de Crespo, quien enfatizó que el pasado lunes 27 entregaron un oficio a temprana hora para realizar una reunión y llegar a un acuerdo sobre el cierre del acceso del camino de terracería, pero a dicha reunión no acudieron a quienes sellaron de recibido la invitación: la alcaldesa Salud García; el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez; y representante de la Comisión Nacional del Agua, y de la Defensoría Civil y Penal, lo que muestra que no hay interés de solucionar el problema.
Contextualizó que el municipio adquirió los terrenos que después donó a la Conagua y a la Defensoría, sin haber adquirido el “derecho del tanto”, o la autorización del núcleo ejidal.
“El municipio compró malamente, porque el ejidatario que les vendió nunca aplicó el derecho de tanto, y legalmente nosotros podemos tirar esas escrituras, porque no tienen el derecho de tanto; y dichos terrenos en donde están las dos dependencias se pueden volver a vender, y hasta quedarnos con todo el edificio”, expuso.
Desmintió al secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez, quien dijo que dicha compra del terreno por porte del municipio, fue aprobada por el municipio.
“Ya vimos todos los archivos y no aparece la aprobación, y el municipio tampoco tiene “el derecho de tanto”, por lo que Conagua y Defensoría de Oficio no son ejidatarios, no pueden estar en esos terrenos y el municipio tampoco tiene derecho de construir la pavimentación, hasta que no pague la brecha ejidal”, aclararon.
Detalló que la brecha es de unos cuatro a mil metros cuadrados, de 400 metros lineales, por 10 metros de ancho, promedio, y aseguraron que no abrirán el camino, sino hasta que el municipio pague las afectaciones.
Dijo que ni una de las dos dependencias tenían el derecho de construir, y lo hicieron, a pesar de que no están en regla los documentos, o no contar con el derecho de tanto, y tampoco pueden construir la pavimentación, porque dicha obra le corresponde al municipio.
Señaló que los ejidatarios ya mostraron voluntad para hacer una reunión y llegar a un acuerdo, pero por parte del gobierno municipal y de las dos instituciones instaladas en tierras ejidales tampoco acudieron.
Para concluir, aclaró que no abrirán camino hasta que se el municipio les pague la brecha ejidal, mientras tanto, sólo se les permite el paso a los trabajadores de ambas instituciones, y sólo se les prohíbe el paso a los vehículos.
