CELAYA, Gto.- De manera virtual, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lania Batres Guadarrama, presentó el foro: “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, el cual se llevó a cabo de manera presencial ante más de 300 personas que se dieron cita en el Centro Cultural y de Convenciones, ubicado en el Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Celaya.
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En su intervención, la ministra Batres Guadarrama presentó datos recientes sobre la percepción pública del Poder Judicial en México y, de acuerdo con ellos, “el 82% de los mexicanos considera que el acceso a la justicia es injusto, el 73% cree que no todas las personas son tratadas de igual manera ante la ley, el 39% desconfía de los jueces y el 66% los percibe como corruptos”.
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También destacó que uno de los principales objetivos de las reformas propuestas “es la reducción de sueldos y prestaciones a magistrados para mejorar el acceso a la justicia”. Además, en su ponencia, la ministra criticó abiertamente el sistema judicial mexicano, describiéndolo como “caro, elitista, desgastante, humillante, lento, inaccesible e inentendible”, con rasgos clasistas, sexistas y racistas, y frecuentemente corrupto y parcial.
La ministra señaló que, en 2024 el costo de la Suprema Corte será superior a los cinco mil 700 millones de pesos, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal, que incluye a los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, superará los 68 mil millones de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación costará más de tres mil 600 millones de pesos, es decir, seis veces más que las secretarías de Estado y los tribunales agrarios, incluida la Secretaría de Hacienda.
Explicó que estos costos se deben a los altos salarios de la alta burocracia del Poder Judicial, con un ministro de la Suprema Corte percibiendo actualmente 314 mil pesos mensuales sin contar prestaciones, lo que significa que, “esta cifra supera por mucho los salarios de ministros en otros países como España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina”.
De igual forma, destacó que el salario anual de un magistrado o juez es el doble que el del presidente de la República, en contraste con lo estipulado por el artículo 127 fracción segunda de la Constitución reformado en 2009, lo cual no puede permitirse.
Y, es que, puntualizó que tan solo el sueldo neto anual de un ministro o ministra de la Suprema Corte de la Nación es de dos millones 483 mil 371 pesos, mientras el del presidente de México es de un millón 590 mil 756 pesos.
Batres también abordó la lentitud en los procedimientos judiciales, citando que el amparo en revisión en materia administrativa tarda un promedio de mil 903 días en resolverse y, el incidente de reconocimiento de inocencia en los Tribunales Colegiados de Circuito tarda en promedio 435 días.
En relación con la reforma propuesta, la ministra mencionó que no solo se ajustarán salarios, sino que también se buscará mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial. “La reforma contempla controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.
Entre los aspectos clave de la reforma, dijo, se encuentran la elección de jueces y magistrados por voto popular, la separación del Consejo de la Judicatura Federal, ajustes en las remuneraciones y cambios en la estructura del Poder Judicial.
Al finalizar su intervención, la senadora Antares Vázquez Alatorre, las diputadas federales electas Magdalena Rosales y Alma Rosa de la Vega, así como Oniel Francisco Díaz Jiménez, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG), quienes también contribuyeron a las discusiones sobre el futuro del Poder Judicial en México. Posteriormente, pasaron a la ronda de preguntas y respuestas de los participantes.