San Miguel de Allende, Gto.- Se vincula a Proceso Penal a Abelardo Quero Inzunza, exdirector de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial durante la administración pública municipal 2018-2021 que presidió Luis Alberto Villarreal, como imputado en fraude inmobiliario por el delito de abuso de autoridad en contra del Municipio de San Miguel de Allende.
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Al igual que ocurrió con Abelardo Quero, se sigue investigando la probable responsabilidad de los exregidores y alcanzarían hasta a los propios expresidentes municipales, los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, también como presuntos culpables de probables delitos patrimoniales en contra de los sanmiguelenses.
El día 13 de agosto del 2024, el Juzgado de Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, determinó en la causa penal 1P3424-120, a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de los Asesores Jurídicos del municipio.
A Abelardo Quero Inzunza se le imputó el haber efectuado un dictamen de desafectación y de permuta, de manera ilegal, que fue puesto a consideración del pleno del Ayuntamiento por el entonces presidente municipal, Luis Alberto Villarreal García.
Dicho dictamen fue aprobado, también, ilegalmente por 7 de los miembros de ese Ayuntamiento, tan solo a 7 días de concluir su encargo; de esa manera, autorizaron ilegalmente la permuta de un predio propiedad municipal, ubicado en el exclusivo fraccionamiento Las Ventanas, ubicado en la carretera a Dolores Hidalgo.
El valor del predio mencionado era de $88,067,342.11, aceptando a cambio, en perjuicio de la sociedad sanmiguelense, 11 lotes de un fraccionamiento BADESA, que carecía de permiso de venta y cuyo valor total era de $9,687,097.47 pesos.
Por estos hechos, Abelardo Quero Inzunza fue vinculado a proceso por el delito de Abuso de Autoridad, que tiene una pena de 2 a 8 años de prisión; una jueza de Control determinó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, en la que el actual Gobierno Municipal pretende que también se resarza el daño al patrimonio de los sanmiguelenses.
Esta vinculación a proceso de este exfuncionario municipal es consecuencia de una de las resoluciones a una de las 31 denuncias penales interpuestas por el actual Gobierno Municipal en 2022 por fraude inmobiliario contra quien resulte responsable por un daño patrimonial al erario público sanmiguelense, estimado en más de 138 millones de pesos, en las que el Ayuntamiento 2018-2021 entregó a particulares varios predios de alta plusvalía a cambio de terrenos ejidales en zonas sin desarrollo urbano.