CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Actualmente en la ciudad “solamente tenemos 10 abogados penalistas de la Defensoría Pública de Oficio que están atendiendo a aproximadamente 130 y 140 causas penales, lo cual no permite concertarse, crear una teoría del caso, ni del delito para cada una de ellas, sino que se da cause a la gestión, vinculación y la búsqueda de una salida alternativa sin ver los fondos de las situaciones”, por tal motivo, el activista social Leonardo Vidal Coria Jiménez, buscando que exista una adecuada defensa, informó que busca presentar este año ante el Poder Legislativo una propuesta para crear el “Instituto de la Defensoría Pública Penal”.
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Coria Jiménez explicó que se encuentra por concluir la carrera en Derecho y como parte de su estadía profesional, desarrolló este proyecto de investigación, el cual le servirá no solo para titularse, sino para “hacer un cambio para el beneficio de la sociedad, porque la intención es garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos con realidades y no solamente con simulaciones, tal y como ya se ha visto. Por eso tengo contemplado acudir al Poder Legislativo antes de que finalice este año para buscar la comisión que empate con lo que estoy haciendo para incrustar mi propuesta ahí”.
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“Lo que queremos es que los defensores públicos puedan tener más amplitud y menos trabajo para poder atender cada una de las causas penales, porque es exagerado el trabajo que tienen. Tenemos que garantizar que no se cuarteen los derechos que tenemos como ciudadanos como lo son la debida defensa, el debido procedimiento y presunción de inocencia.
Mencionó que la intención es hacer un llamado a las autoridades para ponerse más a la vanguardia, ya que aseguró, en muchos estados de la república ya cuentan con el Instituto de la Defensoría Pública Penal y en Celaya aún no se cuenta con ello.
“Nosotros aún estamos rezagados en una dirección de la defensoría penal que depende de la secretaría de gobierno. Estamos viendo, de alguna manera, muchas deficiencias, sabemos que en Celaya la violencia está suelta, por lo tanto, aumentan las causas penales que llegan tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial”.
De igual forma, indicó que el beneficio que se tendrá con este instituto es que podrá tener su propio recurso, además de que no habría posibilidad de acomodar gente “como se viene haciendo en la dirección de defensoría pública”.
“El derecho a una adecuada defensa es un derecho humano, y tanto yo como activista social, estudiante y de Pacto por el Barrio, voy a presentar la propuesta de reforma a través de vías jurídicas, lo cual nos llevará a proteger el debido proceso y la debida defensa para la gente imputada que aún no sea sentenciada”.
Para concluir, destacó que también es importante contar con un verdadero defensor de los derechos humanos, por lo que, se buscará que quien esté a la cabeza sea independiente, ya que su principal función es proteger a los ciudadanos cuando sus derechos humanos sean transgredidos por parte de las autoridades.
