CELAYA,Gto.- Todavía hay esperanza de no ser aprobada la reforma al Poder Judicial, ya que, después de los resultados preliminares del pasado domingo, en donde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobó en lo general, falta la votación definitiva para el próximo miércoles, pero se teme que el gobierno federal haga “trampa”; aunque en última instancia, está la intervención de la Corte Internacional a echar abajo la reforma judicial.
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Alfredo Ávalos León, juez familiar de Celaya, informó que sólo fue una votación en corto de un grupo pequeño que conforma la comisión, y por ello no se puede afirmar que se aprobó, simplemente es parte del proceso legislativo, y el próximo miércoles será la votación de todo el Senado.
“Existe la posibilidad de que no pase la reforma con los votos que faltarían, y con los 43 votos sería suficiente de que no pase. Pero en este “escenario de miedo”, como lo dijo Montreal, “hay accidentes”, y se puede esperar lo peor del gobierno, que hagan trampa”, dijo.
Contextualizó que el pasado domingo, los senadores fueron custodiados para entrar al Senado, pero se desconoce lo que pueda pasar a partir de hoy lunes al miércoles, día de la votación, porque existe la posibilidad de que cambie la maniobra de sede del Senado, sin previo aviso, como sucedió en las votaciones de los diputados federales.
“Es como una audiencia. Si se cita a una persona a determinada hora, y no llega, pierde. Es lo mismo. Y esa es la situación, que quieren llevarlo a rajatabla también en el Senado”, expuso.
En el panorama de la esperanza, expuso que en el caso de que sea rechazada la reforma en el Senado, se regresa la propuesta a la Cámara de Diputados, hasta que quede finada bien.
“Si hay votación en contra, se debe tomar en cuenta las razones, motivos y fundamentos que hayan destacado para no aprobar la reforma, y lo tiene que considerar la Cámara de Diputados. Y en caso de no hacerlo, con el mismo resultado no avanza”, explicó.
Enfatizó que por proceso constitucional legislativo, los diputados están obligados a tomar en cuenta las opiniones que en el Senado se consideró para no aprobar.
“Un escenario es, el peor de los casos, que sea aprobada la reforma con la misma trampa que hicieron en la ocasión anterior. En este escenario, nos quedan dos opciones legales, primero, la Corte tiene que hacer conciencia en estricto derecho que es una guerra de derecho constitucional, y en ese sentido, la Corte sí tendría competencia para analizar constitucionalmente la reforma. Porque hay que tener en cuenta que la Constitución es la base y el techo límite de toda reforma”, expuso.
Agregó que en la cúspide del techo límite de la Constitución está la independencia judicial garantizada, y si esta reforma va por encima de ese principio, entonces la Corte debe reflexionar y tener competencia legal para analizar una controversia sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.
“Por la disposición de la Ley de Amparo, Artículo 61, el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución. Pero bajo esta situación, y tomando antecedentes de otras sentencias de la Corte Interamericana, y además viendo que se rebasa el límite de la Constitución, sí tendría competencia para analizar en juicio de amparo la constitucionalidad de la reforma judicial. Aquí es donde se genera el terreno de la esperanza legal”, amplió su explicación.
Agregó que la Corte también puede decir “No soy competente”, con todo lo que implica respetar el Estado de Derecho, y con ello queda la instancia internacional, “y ahí ya no hay puerta para atrás”.
“La Corte Internacional tendría que condenar a México, a echar abajo la reforma judicial, porque no garantiza la independencia judicial; además, la Corte Internacional tiene jurisdicción y competencia que obligue a México, porque México firmó los tratados, y en dichos tratados está la obligación del Estado Mexicano a garantizar una independencia judicial en la judicatura, transparencia y de carrera judicial”, precisó.
Aclaró que en este terreno, perdería México, pero, añadió, el problema es que este gobierno federal no respeta las instituciones jurídicas, ese es el gran problema que se tiene.
“Por eso, desde ahora, se está señalando que esto es una guerra al Estado de Derecho Constitucional, el límite es la Constitución y ellos (gobierno federal), lo están rebasando. Y prueba de ello es la Constitución local de la Ciudad de México que fue reformada en el tema de propiedad, lo que están alterando el tema de propiedad constitucional del Artículo 27. Están legislando de manera local, por encima de la Constitución Federal. Cuando de acuerdo con el Artículo 33 de la Constitución obliga a que todas las constituciones locales se arreglen a la Constitución Federal”, expuso.
Reiteró que la Constitución local de México se está arreglando por sí sola, brincándose la Constitución federal, y con ello van a convertir la propiedad privada en propiedad social, y va en contra del Artículo 27 constitucional que está vigente.
“Es una guerra contra el Estado de Derecho Constitucional”, concluyó el juez familiar de Celaya, Alfredo Ávalos León.