CORTAZAR, Gto. (OEM-Informex).- Una inversión de mil millones de dólares y entre mil 200 y mil 400 empleos temporales por dos años, generados por la construcción de una central de energía de ciclo combinado que suministraría el servicio a empresas de la región, se encuentran bloqueados en instancias federales desde hace un año en Cortazar.
Lo anterior, como consecuencia de las políticas del gobierno federal en materia de energía eléctrica, donde se rechaza de alguna forma la inversión privada, tan sólo los empleos temporales hubieran beneficiado a gente de los municipios de Cortázar, Villagran y Celaya.
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La empresa Fisterra ha hecho ya dos licitaciones con la esperanza de llegar a un acuerdo, en especial ahora que la reforma eléctrica ha sido frenada por las instancias legales.
Las obras de la planta debieron iniciar en 2020 y al terminar se crearían 80 empleos permanentes inicialmente, explicó Enrique Martínez Cardeña, director de Desarrollo Económico municipal.
Los trámites ante el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han tenido respuesta en 12 meses, esto es, no se han resuelto mediante negativa o aprobación.
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"Los directivos nos han comentado que si el gobierno federal busca que participe Comisión Federal de Electricidad (CFE), se le puede dar entrada sin problema", dijo.
Los mil millones de dólares es una inversión histórica que está frenada, van a invertir más que la Toyota, ejemplificó.
Inclusive los empresarios ya adquirieron un terreno de 8 hectáreas al oriente del municipio, cerca de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), pero por ahora todo está detenido.
Lo anterior en razón de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la que prioriza que sea el Sistema Eléctrico Nacional como fuente, así las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), serían las primeras en ser las proveedora, es decir, primero serían todas aquellas generadoras de CFE y luego las privadas, de acuerdo con el sector privado y los opositores, esta reforma le da un fuerte golpe a la industria de las energías renovables, razón por la que se han promovido una serie de amparos que han sido concedidos por los jueces.
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EL ANTECEDENTE
Fue el 13 de noviembre de 2018 que Grupo DeAcero y Fisterra Energy, empresa del portafolio del Grupo Blackstone, anunciaron la firma de un contrato de suministro de energía eléctrica por una capacidad aproximada de 250 MegaWatts (MW), y con una duración de 20 años.
“Energía de Celaya”, se planteó como una central eléctrica con tecnología de ciclo combinado de gas, la que por su capacidad se convertirá en uno de los proyectos de generación eléctrica más grandes de América Latina.
El proyecto, que sería desarrollado de manera conjunta por Grupo De Acero y Fisterra Energy, fue ubicado en el municipio de Cortazar y contaría con una capacidad aproximada de generación eléctrica de 1,350 MW.
Se dijo que Energía de Celaya estaba formalizando otros contratos de cobertura eléctrica con suministradores calificados y de suministro eléctrico con grandes consumidores de energía que desearan participar en el mercado eléctrico mayorista.
La empresa operaría bajo las reglas del mercado y sería una de las centrales de generación de energía eléctrica más eficientes de México, por lo que contribuirá a la confiabilidad al sistema eléctrico nacional y a la reducción de precios de energía.
