CELYA, Gto.- (OEM-Informex).- Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) denunciaron venta de fichas de 800 y hasta dos mil pesos para recibir atención en el Registro Agrario Nacional, además de una mala atención por parte del RAN.

Francisco Escobar, líder Estatal de la UCD amplió que el pasado lunes, como parte de la celebración de un aniversario más de la Promulgación del Plan de Ayala, varias organizaciones se manifestaron en el RAN y en la Procuraduría Agraria, en donde constataron corrupción en dichas dependencias del sector agrario y una pésima atención a los campesinos de Guanajuato.

“En la RAN hay una persona que dice ser encargado de despacho y mal atiende la dependencia. Estuvimos desde que se abrió la oficina, a las nueve de la mañana, y a las once de la mañana no habían atendido ninguna sola ficha, argumentando que no tenían sistema, y a pesar de una gran cantidad de personas formadas, y todas se quejaban de la mala atención”, expuso.

Reiteró que algunos que tenían ficha, denunciaban que por la venta de lugares que algunos apartan para recibir ficha y venderlas desde los 800 pesos y hasta los dos mil pesos, según la urgencia de la persona que, como el caso de quienes acuden desde el sur del Estado, se ven en la necesidad de la compra de ficha para no tener que regresar.

“Nosotros le planteamos al representante del RAN a que presente una denuncia por lo que ahí sucede, la venta de fichas, y esperamos que así lo haga. Por nuestra parte, enviamos a la oficina de la Presidencia de la República un escrito en donde estamos denunciando estos hechos y esperamos que el gobierno federal tome cartas en el asunto”, detalló.

Acompañado de Pedro Magaña, líder de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca), y de Valentín Sánchez, presidente de la Agrupación de Movimientos Indígenas Urbanos y Campesinos, Francisco Escobar consideró indigno el trato que se da a los campesinos en Guanajuato, tanto en el RAN y en la Procuraduría Agraria.

Pedro Magaña contextualizó que hace 30 años, el problema de los campesinos era que si no trabajaban por dos años la tierra, se la quitaban, luego se constituye el RAN y la Procuraduría Agraria, así como los tribunales, con el fin de dar certeza jurídica a los productores agrícola.

“Pero hoy volteamos y vemos que más que certeza jurídica, los funcionarios son beneficiados de actos de corrupción, quienes tienen una veta de oro con toda la incertidumbre que hay en cuanto a los derechos de los campesinos, y muchos de ellos, por diversas circunstancias no tiene su certificado a su nombre, y en vez de que el RAN les ayude, les perjudica”, concluyó.