CELAYA,Gto.- Araceli Morales Mancera, quien se desempeñó como Oficial Mayor del gobierno municipal por 21 días, aseveró que las declaraciones del presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez por su despido, perpetúan la violencia de género en su contra y dañan su prestigio e imagen pública. Por tal motivo, solicitó su derecho de réplica a los medios de comunicación. Además, informó que su equipo de abogados analiza cuatro vertientes legales para proceder: una es administrativa, otra penal, otra civil y una más laboral.
➡️ Suscríbete a nuestra edición digital
En rueda de prensa, donde leyó siete hojas, explicó todo su desempeño de actividades que realizó en 21 días como funcionaria municipal, y donde, a decir de ella, demuestra que no desobedeció al alcalde. Lo único que hizo fue responder a través de oficios y exponer los sustentos legales dentro del reglamento sobre cómo debían hacerse las cosas.
Dentro de su exposición, en la cual indicó que no respondería preguntas hasta que su equipo de abogados determine los procedimientos legales a seguir, la maestra Morales Mancera resaltó que al afirmar el alcalde en sus declaraciones que hubo un desacuerdo político, la expuso a riesgos de denigración, marginación y discriminación en su entorno social.
"Por otro lado, en un ambiente de alto riesgo de violencia, sus afirmaciones me exponen a ser víctima de ataques, como el trágico feminicidio político de la candidata a presidente municipal Gisela Gaytán, del cual deviene su candidatura a Presidente municipal. Debo señalar que, por interpósitas personas, familiares de él, recibí amenazas sutiles e intimidación como consecuencia del derecho a expresarme en temas políticos," dijo Araceli Morales Mancera.
Ante los agravios en su contra, dio contestación por los mismos medios de comunicación, a quienes les pide respetuosamente el derecho de réplica, y que le concedan el mismo espacio, tiempo y horarios que le dedicaron a este tema.
En su desempeño durante 21 días, regularizó la recepción de las responsabilidades administrativas que conlleva la vida laboral de 3 mil 200 trabajadores municipales: nómina, seguros de vida, altas, bajas, finiquitos, vacaciones, seguro social, además de otras 31 funciones específicas que marca el capítulo V de la Oficialía Mayor.
Sobre su despido, la maestra explicó que el día 31 de octubre recibió la visita en el que fuera su despacho de la Oficialía Mayor de dos personas a quienes identificó como los abogados del despacho de León, a quienes conoció en la Comandancia Norte, y otra persona que se identificó como Carlos Esteban García González, los tres sin mostrar alguna identificación oficial o cargo administrativo municipal.
Igualmente, llegó la directora de Personal, María Alma Rosas López, Jesús Paz Gómez, que ostenta el cargo de Secretario Particular del Presidente Municipal, y por la Contraloría Municipal se identificaron John Guerra Meuse, director del área Resolutoria, Concepción Cristina Muñoz Ochoa, y Alejandro Martínez Ramírez, de la dirección de Control Patrimonial.
Uno de los abogados del Despacho jurídico externo se dirigió a ella y le dijo: “venimos a ejecutar una instrucción del Presidente, tu despido, porque, uno, por tu culpa el Licenciado Carlos Esteban García González no está dado de alta como director jurídico del municipio; y dos, porque no diste de baja a las personas que te indicó. Por lo que te pedimos que entregues el puesto de Oficial Mayor”.
Las irregularidades las reportó en la instalación de la Comisión de Recursos Humanos y Servicio Civil de Carrera, el lunes 28 de octubre, respecto a las faltas al Reglamento Administrativo por parte de la Contralora municipal, Laura Elena Lara Rodríguez, y el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez.
Por la forma intempestiva y las irregularidades en el procedimiento, al igual que los argumentos que verbalmente le señalaron como motivo para la entrega del puesto, advirtió públicamente los actos de acoso, hostigamiento y presión que vulneraron su derecho a un trato con perspectiva de género y con un enfoque diferencial.
Señaló que el Presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha realizado una campaña institucional en los medios de comunicación, generando una descalificación de su persona con alcance estatal, dañando su imagen pública y su dignidad, y sus afirmaciones lastiman su ingratitud.
Destacó que en los casos solicitados por el alcalde realizó el proceso administrativo en tiempo y forma, a pesar de la carga de trabajo que tenía con la gestión para el despido de policías municipales -operativos de policía-, las presiones de los grupos políticos para su incorporación inmediata, y todos los asuntos que atendieron, como el caso de los Bomberos, trabajadores sindicalizados y otros.
Lamentó la forma en que el alcalde hace uso de estereotipos de género para disfrazar su conducta, minimizando su capacidad como mujer libre e independiente.
Reafirmó que acudirá a todas las instancias legales, con pruebas en mano, para salvaguardar su derecho a una vida libre y sin violencia. Finalmente, hizo un llamado al pueblo celayense, a los trabajadores municipales y sus familias a que defiendan sus puestos de trabajo; ninguna injusticia laboral debe ser permitida, ningún atropello debe permitirse. El pueblo manda y el pueblo quita.