CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El director de Obras Públicas del Municipio, Marco Antonio Hernández, informó que los Juzgados Cívicos de la Comandancia de la Policía ubicada en la calle Pípila, en el centro de la ciudad, ya fueron terminados; dicha obra, costó un millón 200 mil pesos, y fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Mientras que los de la Comandancia Norte, llevan un 85% de avance, los cuales se invirtieron cerca de dos millones de pesos, para su ampliación y adecuaciones en sus instalaciones, y podrían estar terminados en un mes.
El pasado miércoles, la Dirección de Obras Públicas hizo la entrega, de forma oficial, las nuevas instalaciones para la implementación del nuevo modelo de "Justicia Cívica", para que entren en funcionamiento en cuanto el reglamento sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El director de Policía Municipal, Luis Enrique Chabolla Mosqueda, y el coordinador de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Domínguez, fueron quienes los recibieron y realizaron un recorrido por las instalaciones, que tendrá un estrado donde estará el Juez Cívico, los lugares designados para los posibles infractores, y para los ciudadanos que acudan dependiendo el caso que se trate.
¿QUE ES LA JUSTICIA CÍVICA?
La Justicia Cívica es un sistema fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, que permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.
Este sistema funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia.
Ante la Justicia Cívica pueden llegar las personas mayores de 18 años que cometan actos y omisiones que atenten contra la tranquilidad, dignidad y seguridad de la ciudadanía, afectando el libre tránsito, el medio ambiente, así como el buen funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Las sanciones van desde una amonestación, multa, trabajo comunitario o arresto.