Guanajuato, Gto. La diputada del PAN en el Congreso de Guanajuato, Cristina Márquez Alcalá, presentó una iniciativa de reforma para regular las prácticas inmobiliarias que se realizan en el estado y proteger el patrimonio de los ciudadanos.
Se trata de modificar la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios del estado, para normar las operaciones de renta, venta y compra de bienes inmuebles debido al aumento de acciones en dicha materia.
Detalló que en la industria inmobiliaria en el país genera pérdidas anuales por hasta 600 millones de pesos y en México hay 800 mil agentes inmobiliarios, pero solo el 15 por ciento cuentan con la capacitación establecida en la Ley para ejercer esta función.
Agregó que, incluso, la PROFECO registra que los fraudes, es la conducta que se encuentra entre las 10 principales quejas presentadas por los ciudadanos sobre este rubro.
“Un agente inmobiliario puede ser de gran ayuda, sin embargo, esto solo sucede cuando se elige a una persona acreditada, ya que se esta forma se confirma que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria”, refirió.
Cuando se compra un inmueble se genera una fuerte inversión económica, por lo que la ciudadanía debe contar con una persona de confianza que cuide su patrimonio, figura que es designada al agente inmobiliario, pero que en muchas veces no está acredita y pone en riesgo a la persona y con ello que se generen pérdidas económicas irreparables.
“Ante el crecimiento económico no podemos dejar atrás la dignidad de la persona y el bien común, garantizando siempre la protección del patrimonio de las personas y los adecuados procesos legales que deben seguirse, para que quien tenga una propiedad la tenga con todas las de la ley”.
Márquez Alcalá recordó que ya va a cumplir 10 años la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios por lo que es necesario actualizarla y que se regulen las agencias y asociaciones inmobiliarias, obligándolos a acreditarse para realizar operaciones inmobiliarias; también que exista la incorporación de atribuciones para la Secretaría de Gobierno del Estado, se fortalezca la ética en las operaciones inmobiliarias; la inclusión de las obligaciones de los agentes y agencias inmobiliarias; y el aumento del tipo de sanciones.
La propuesta se mandó a las comisiones unidades de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Justicia para su estudio y dictamen.
“Se busca fortalecer nuestro marco normativo, de lograr una correcta coordinación de las autoridades para lograr la adecuada regulación de las personas que se dedican a las operaciones inmobiliarias, protegiendo así, el patrimonio de los miles de personas que necesitan de sus servicios”, finalizó la legisladora.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Justicia para su estudio y dictamen.
