CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El diputado local Bricio Balderas Álvarez informó que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, llevó a cabo el foro “Los retos de la legislación única en materia de procedimientos civil y familiar: una mirada desde lo local”, en donde se escucharon las opiniones de los operadores del sistema procesal civil y familiar, como ministros y jueces, y los resultados serán entregados a la Cámara de Diputados federal y Cámara de Senadores, a fin de que dichas conclusiones sean tomadas en cuenta para el análisis final en mesas de trabajo y el dictamen del Código único de procedimientos civiles en materia civil y familiar.

En el foro se realizaron cinco mesas con los temas: importancia de la expedición de la legislación en materia civil y familiar desde la perspectiva nacional, el impacto de la legislación única en materia procesal civil y familiar en la justicia local, la justicia digital como un elemento necesario en la legislación única, la transición a un modelo de oralidad único en materia civil y familiar y los avances hasta ahora logrados en las entidades federativas, y la mesa 5 el tema fue las principales preocupaciones de los proyectos del código nacional.

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Contextualizó que derivado de la reforma constitucional de 2017, por medio de la cual se les retiran las facultades a los congresos de las entidades federativas para legislar en la materia, otorgando dicha facultad de manera única y especial al Congreso de las Unión, esto es Cámara de Diputados Federales y Cámara de senadores.

“A poco más de cinco años de que dicha facultad ha recaído en los legisladores federales, a hoy fecha no contamos con una decisión final, y esto cada vez tiene consecuencias más serias ya que el sistema jurídico en materia procesal civil y familiar se ha visto mermado y detenido en su actualización, las cuales se realizan mediante reformas a las leyes y códigos”, ahondó.

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Señaló que en dicho foro, convocado por la Comisión de Justicia, la cual se integra por 5 legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas, participaron 26 representantes de instituciones educativas, magistrados, jueves, abogados, maestros de la UNAM, entre otros.

Entre las conclusiones, se encuentra: Se propone la transición de un proceso escrito a eminentemente oral, para lo cual deben establecerse las bases; se visualizan beneficios con la implementación de un modelo único ya que se podría litigar en cualquier entidad federativa, así como el impacto en los programas educativos de las universidades.

Que se contribuya a la garantía y promoción de respeto al derecho de acceso de justicia a las mujeres, así como que se fortalezca el sistema de justicia para adolescentes. Se debe incentivar la creación de herramientas tecnológicas, así como que los expedientes se manejen de manera digital para generar y respetar la política de no papel.

De igual forma, que se analice acerca de la publicación de las audiencias que se realicen en línea. Se plantea como un requisito el que se agote el procedimiento previo de conciliación antes de prestar juicio de demanda.

Entre otras propuestas, se destaca que el centro alternativo de resolución de conflictos es elemental para ayudar a bajar la carga de trabajo para los tribunales, ya que existen muchos asuntos en los que las partes tienen la voluntad de llegar a un bue arreglo, no necesariamente en el tribunal.