/ viernes 19 de julio de 2019

Beneficia a PAN la obra Pública

La diputada Vanessa Sánchez presentó una iniciativa para modificar la ley de Obra Pública para que cumpla con su beneficio social.

GUANAJUATO, Gto.- (OEM-Informex).- Debido a que en los últimos años de gobiernos del PAN en Guanajuato, se ha utilizado dinero de los guanajuatenses para promocionar a este partido político, la legisladora Vanessa Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para que se modifique la Ley de Obra Pública del Estado y los municipios de Guanajuato, con el objetivo de evitar que se invierta recurso público en acciones que lo único que buscan es posicionar un partido político, dejando a un lado la verdadera finalidad de una obra de gobierno, que es el beneficio social.


Existe una situación que ya es considerada casi como una costumbre, que es la de pintar, publicitar, nombrar o posicionar mediante colores, frases o inclusive con nombres de funcionarios las modificaciones o construcciones en el sector de la obra pública. Circunstancia que no debiera de suceder, toda vez que, si bien muchos de los servidores públicos se deben a una institución política, el erario no, más aún, las acciones de Gobierno no pueden estar sujetas siempre a un beneficio político, tal como lo es el caso de la obra públicaVanessa Sánchez Cordero


Ante esto, la Legisladora Propuso que la propaganda, aviso o placa, bajo cualquier modalidad, que difundan los entes públicos en la obra pública y servicios relacionados con la misma, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, lemas, imágenes, colores, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político.



Además, en ningún proceso de la obra pública o servicios relacionados con la misma, los bienes inmuebles de uso común y los destinados al servicio de los entes públicos podrán incluir nombres, lemas, imágenes, colores o símbolos alusivos a algún partido político.

Y la incorporación de un color diferente al de la naturaleza del inmueble público o mobiliario urbano, no importando del material de que se trate, deberá en todo momento estar justificada con un estudio técnico.

Mientras que los gobiernos municipales deberán garantizar mediante disposiciones reglamentarias o administrativas el uso en la imagen institucional, de logotipos, símbolos, lemas, signos o colores sin contenido alusivo a algún partido o asociación políticos en: documentos oficiales, vehículos oficiales, maquinaria e infraestructura pública.

Vanessa Sánchez resaltó que actualmente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro y debe ser respetado: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Es decir que, en caso de realizar cualquier tipo de propaganda respecto a una obra o servicio público de alguno de los poderes de la administración pública debe estar siempre apegado a un marco democrático, imparcial y sobre todo institucional, evitando en todo momento la identificación de una acción de gobierno con un interés electoral.


Es imperdonable que los recursos públicos, cualquiera de que se traten, quieran ser enlazados a un color, a un nombre o a un eslogan. Esta situación va en contra de la imparcialidad con la que los funcionarios públicos deberían de ejecutar cada uno de los pesos asignados en el recurso. El erario no se debe al funcionario, se debe al esfuerzo del crecimiento de la sociedad y al interés común de organización como forma de Estado. Por lo que un funcionario público no es el benefactor de una obra, simplemente el ejecutor de una necesidad social

Vanessa Sánchez Cordero




Vanessa Sánchez añadió que las acciones de Gobierno deben perder el interés partidista, un servidor público no sirve al partido que lo abanderó, debe servir a un interés general.


Los impuestos recaudados por el Gobierno, al momento de ser ejecutados no tienen nombre ni color, más aún, podríamos considerar que son recursos públicos impersonales, con una sola característica general, el beneficio social

Vanessa Sánchez Cordero

GUANAJUATO, Gto.- (OEM-Informex).- Debido a que en los últimos años de gobiernos del PAN en Guanajuato, se ha utilizado dinero de los guanajuatenses para promocionar a este partido político, la legisladora Vanessa Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para que se modifique la Ley de Obra Pública del Estado y los municipios de Guanajuato, con el objetivo de evitar que se invierta recurso público en acciones que lo único que buscan es posicionar un partido político, dejando a un lado la verdadera finalidad de una obra de gobierno, que es el beneficio social.


Existe una situación que ya es considerada casi como una costumbre, que es la de pintar, publicitar, nombrar o posicionar mediante colores, frases o inclusive con nombres de funcionarios las modificaciones o construcciones en el sector de la obra pública. Circunstancia que no debiera de suceder, toda vez que, si bien muchos de los servidores públicos se deben a una institución política, el erario no, más aún, las acciones de Gobierno no pueden estar sujetas siempre a un beneficio político, tal como lo es el caso de la obra públicaVanessa Sánchez Cordero


Ante esto, la Legisladora Propuso que la propaganda, aviso o placa, bajo cualquier modalidad, que difundan los entes públicos en la obra pública y servicios relacionados con la misma, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, lemas, imágenes, colores, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político.



Además, en ningún proceso de la obra pública o servicios relacionados con la misma, los bienes inmuebles de uso común y los destinados al servicio de los entes públicos podrán incluir nombres, lemas, imágenes, colores o símbolos alusivos a algún partido político.

Y la incorporación de un color diferente al de la naturaleza del inmueble público o mobiliario urbano, no importando del material de que se trate, deberá en todo momento estar justificada con un estudio técnico.

Mientras que los gobiernos municipales deberán garantizar mediante disposiciones reglamentarias o administrativas el uso en la imagen institucional, de logotipos, símbolos, lemas, signos o colores sin contenido alusivo a algún partido o asociación políticos en: documentos oficiales, vehículos oficiales, maquinaria e infraestructura pública.

Vanessa Sánchez resaltó que actualmente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro y debe ser respetado: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Es decir que, en caso de realizar cualquier tipo de propaganda respecto a una obra o servicio público de alguno de los poderes de la administración pública debe estar siempre apegado a un marco democrático, imparcial y sobre todo institucional, evitando en todo momento la identificación de una acción de gobierno con un interés electoral.


Es imperdonable que los recursos públicos, cualquiera de que se traten, quieran ser enlazados a un color, a un nombre o a un eslogan. Esta situación va en contra de la imparcialidad con la que los funcionarios públicos deberían de ejecutar cada uno de los pesos asignados en el recurso. El erario no se debe al funcionario, se debe al esfuerzo del crecimiento de la sociedad y al interés común de organización como forma de Estado. Por lo que un funcionario público no es el benefactor de una obra, simplemente el ejecutor de una necesidad social

Vanessa Sánchez Cordero




Vanessa Sánchez añadió que las acciones de Gobierno deben perder el interés partidista, un servidor público no sirve al partido que lo abanderó, debe servir a un interés general.


Los impuestos recaudados por el Gobierno, al momento de ser ejecutados no tienen nombre ni color, más aún, podríamos considerar que son recursos públicos impersonales, con una sola característica general, el beneficio social

Vanessa Sánchez Cordero

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