CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- La iniciativa de ley que daría cárcel a quienes compren objetos robados, disminuiría significativamente el robo de casas habitación o de celulares en las calles, porque se acabaría el mercado de un acto ilícito en donde hay personas que al comprar un objeto que sabe que es robado, se vuelve cómplice, pero además, en donde la misma autoridad de los tres niveles de gobierno sabe de los lugares en donde se venden objetos robados, porque simplemente no ofrecen facturas.
La abogada Claudia Pineda, integrante del Colegio de Abogados de Celaya, informó que sí es necesario que se apruebe la ley que sancionará con cárcel a los que compren objetos robados, porque de esa manera frenaría en gran medida "tanto robo".
Detalló que una persona que compra algo robado, sabe que es hurtado, porque no se entrega factura y porque el precio está por debajo de lo normal, por lo que se vuelve cómplice del ladrón, y en consecuencia, merece igual sanción porque entre los dos están cometiendo un ilícito.
Reconoció que hay un alto robo de celulares, así como de aparatos electrónicos con el robo de casa habitación, y todos estos objetos robados van a parar a puntos en donde toda la gente, y las mismas autoridades, saben en dónde se ofrece.
Cuando se le preguntó si se trataba de tianguis o casas de empeño, prefirió no mencionar ni uno y ni otro, pero precisó que es fácil detectar un objeto robado, simplemente al comprarlo, si se entrega factura, significa que es legal; pero si por un celular, una computadora portátil o un televisor no se entrega factura, pero además su precio está demasiado bajo, significa que es de dudosa procedencia.
Amplió que cuando una persona acude a una compañía que vende celulares, y otros aparatos, entregan factura y hasta garantías; lo mismo sucede con cualquier aparato electrónico, en donde dichas tiendas entregan facturas, lo que significa que es legal la compraventa.
Pero si en otros lugares se venden al aire libre cualquier aparato, también son de dudosa procedencia; pero además de que no se entrega factura, tampoco tiene garantía.
El gran bien que haría la nueva ley es acabar con un mercado en donde involucra también a la sociedad, e incluso a las autoridades que, por falta de las mismas leyes, no pueden hacer algo, no poder llegar a comprobar si son o no robados.
Reconoció que es el mismo fenómeno que pasaba con la gasolina robada, en donde la gente la compraba aún sabiendo que era robada, pero resultaba muy económica; lo mismo sucede con las personas que adquieren objetos robados.
