CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- En la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato es necesario trabajar de la mano con las autoridades gubernamentales, señalar lo que está mal para actuar en favor de la ciudadanía y para ello se requiere una reforma integral sobre todo en los temas de seguridad, discriminación hacia la mujer, migrantes, penitenciarios y adultos mayores, indicó Sergio Arellano Rabiela quien aspira al cargo de procurador de los Derechos Humanos.

Mencionó que desafortunadamente Guanajuato está superado en el tema de seguridad, ya que se vive una violación permanente de Derechos Humanos, siendo los casos más recurrentes los abusos de cuerpos policiacos, las detenciones arbitrarias, la muerte de gente inocente, las personas que están injustamente detenidas, sin tener evidencia de su culpabilidad, actos discriminatorios, abusos de autoridad, entre otras.

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También destacó que el Ejército al estar en las calles está violando los derechos humanos, ya que se tienen retenes militares e incluso han asesinado a ciudadanos en ellos porque no saben tratar a los civiles; refirió que el tema de la discriminación hacia las mujeres, los indígenas, migrantes, adultos mayores se sigue dando y debe cambiarse, al igual que la mentalidad que no permite la inclusión de otros sectores de la sociedad.

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Asimismo dijo que es prioritario el tema penitenciario, porque en muchos de ellos no se tienen las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud durante la pandemia. Destacó la importancia de salvar vidas y de proveer los medicamentos necesarios a las personas que lo requieren.

Aclaró que se trata de señalar lo que se debe cambiar en materia de derechos humanos, actuar en favor de la ciudadanía, más no de criticar, además de que en Guanajuato sí se ha trabajado y ha tenido buenos procuradores, pero dijo hace falta hacer más para dar resultados tangibles a los ciudadanos sin tientes políticos o querer quedar bien con el gobernador.

También destacó que él tiene la capacidad, las ganas y la inteligencia para asumir el puesto y representar de manera digna a los guanajuatenses. “En el puesto se necesita a alguien que no tenga nexos políticos, o que sea amigo del gobernador o diputados. Necesitamos trabajar en el tema de derechos humanos y mi compromiso como ciudadano es ayudar y trabajar de la mano con las autoridades de manera objetiva”.

“Mi postulación es ciudadana. Haré entrega de todas las evidencias documentadas de mi labor como defensor de los derechos humanos para que no haya una objeción en cuanto a la experiencia. En diciembre se hará la designación del nuevo representante y quiero hacerles saber a los diputados que estoy alzando la mano, me comprometo a que si no rindo, ni doy resultados presentaré formalmente mi renuncia”.

Refirió que si tiene el puesto no tendrá temor de decir las cosas aun cuando eso le pudiera costar la vida, ya que no tiene miedo de hacer su trabajo con todo el profesionalismo. Indicó que habrá muchos candidatos muy buenos, pero “tengo experiencia de 25 años y las ganas de servir a la sociedad”.

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Indicó que no pertenece a ningún partido político, sino que es un ciudadano que no conoce al gobernador, ni a los diputados pero que aspira a un puesto del que sabe tiene la capacidad y experiencia y pidió a las autoridades que no elijan a una persona de a modo, sino que se designe a quien sí tenga el perfil adecuado.

Es importante destacar que Sergio Arellano es presidente del Instituto Interamericano de Investigación y docencia en Derechos Humanos, director de la facultad de Derecho en la Universidad de Celaya, articulista, ha sido candidato a ombudsperson, tiene 25 años de experiencia como docente impartiendo materias de Derechos Humanos, tiene dos libros en Derechos Humanos, ha impartido clases en más de 40 universidades a nivel nacional e internacional.

Empezó su trayectoria con el primer ombudsperson que tuvo la república mexicana, Jorge Carpizo, y desde entonces sigue trabajando, además de que también estuvo en Costa Rica en la corte Interamericana de derechos humanos en el caso del estado mexicano de Ayotzinapa.