IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Los centros de rehabilitación en todo el estado continúan siendo escenario de hechos delictivos, desde asesinatos, privaciones de la libertad y otras malas prácticas, como el recientemente caso dado a conocer en el municipio de Cuerámaro, en donde en un anexo había 36 personas presuntamente privadas de la libertad y en donde fue disuelta una célula criminal.
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Al respecto, Nicolás Pérez Ponce, director de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que al tener conocimiento de hechos como éstos no puede más que sentir impotencia, pues aseguró que el abandono a los llamados anexos es evidente, pues más allá de las pláticas que han tenido con autoridades, ninguna de las sugerencias de seguridad que han propuesto se han añadido al actuar de la autoridad y los operativos municipales se han visto insuficientes ante lo que describió como una pobre calidad investigativa.
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“El olvido de la autoridad es en todo el estado, se ha dejado este tema al abandono y aunque en algunos municipios hay el apoyo, desafortunadamente el municipio tiene un límite hasta donde apoyar, pues no está facultado a investigar, eso solo la Fiscalía”, señaló.
Nicolás Pérez Ponce explicó que han tenido diálogo con la Fiscalía General del Estado, pero en eso se ha quedado todo, incluso, señaló que en el caso del anexo donde fueron rescatadas las 36 personas ya se habían suscitado hechos violentos, los mismos aproximadamente hace dos años, cuando incluso dos personas habrían muerto derivado de presuntos actos delictivos.
“Es muy poca la atención, desafortunadamente tiene que pasar este tipo de situaciones para que tomen cartas en el asunto; en este centro hubo dos muertos de los que nadie habló, fue aproximadamente hace dos años, la misma Fiscalía fue atender eso, también mataron al que era encargado de ese centro hace como año y medio o dos, ¿Por qué los dejaron llegar a eso?”.
De acuerdo con los datos y quejas que diariamente reciben los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, esta situación se ha repetido a nivel estatal, inclusive, en el caso de Irapuato, donde se han realizado operativos preventivos a partir del 2020, año en el que se presentaron más de cuatro ataques a centros de rehabilitación, entre ellos dos masacres, una la del centro “Buscando el camino a mi recuperación” en Arandas, y donde fueron asesinadas 27 personas, y otra en la colonia 24 de Diciembre, donde también murieron 10 personas.
“Nosotros hemos pedido operativos durante más de cinco años y han encontrado droga, armas, gente desaparecida y al final los centros siguen trabajando, sólo les ponen un sello, ese es el enojo de nosotros con gobiernos municipales y estatales, con los que sí trabajamos bien, que hay muchos de estos centros que operan irregular y hasta cometen delitos y nada pasa”.
Señaló que el empadronamiento y documentación es sólo una pequeña parte del control de los centros de rehabilitación; sin embargo, esto no es lo que se necesita para frenar la violencia, delitos e incluso malas prácticas o malos tratos dentro de los mismos, pues también se han registrado casos de violencia dentro de los centros y esto también se ha cobrado vidas.
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“Como tal no podemos denunciar a un centro de rehabilitación, existe miedo a las represalias, pero hemos recibido quejas, incluso de un centro de rehabilitación en pleno centro de la ciudad de Irapuato, entre ellas una durante diciembre del 2021, en la que señalaron al encargado por aventar balazos y le pegó a uno de sus internos”.
Entre las estrategias propuestas por CRUB a las autoridades se encuentra el implementar pruebas de antidoping al personal y encargados de los centros de rehabilitación.
“Por parte de la unión estatal les hemos compartido ideas para que sumen a sus protocolos de actuar y nos ven como poca cosa, pero todo lo que les hemos dicho ha pasado, sentimos impotencia, porque no tenemos el apoyo del gobierno ni de los municipios ni del estado para poner un control en estos lugares”.
