LEÓN, Gto.- (OEM-Informex).- Luego de la firma del decreto para la legalización de los vehículos “chocolate” en la frontera con Estados Unidos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), analiza promover un amparo a nivel nacional para evitar la regularización de los mismos. En Guanajuato circulan más de 300 mil vehículos de este tipo por lo que se pide cero tolerancia, recalcó Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guanajuato.
En el estado de Guanajuato hay un parque vehicular de 2 millones 273 mil 591, mientras que en León es de 653 mil 90 vehículos.
El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en Ensenada para regularizar este tipo de vehículos, por un pago de 2 mil 500 pesos. Con la medida se estima que se regularicen 3 millones de vehículos con lo que en total se podría recaudar 7 mil 500 millones de pesos.
González Palomino aseguró que ven que a través del gobierno federal se promueve una cultura de la corrupción, “consideramos que incentiva estas mafias que existen en aduanas y en estos pseudo empresarios que compran en Estados Unidos, pasan ilegalmente y venden en México, pues se de este fenómeno y atente contra un mercado nacional que está siendo golpeado por la pandemia y por el tema de microcomponentes tanto el mercado nacional como de exportación”.
Destacó que la AMDA no está en contra de los vehículos que los paisanos traen, sino que luchan contra la importación ilegal de forma desmedida y por un grupo de personas que compran hasta 25 vehículos del vecino país en las subastas y los pasan de manera ilegal en algunas ocasiones en contubernio con asociaciones dedicadas al tema.
“Son vehículos chatarra que ya no pueden circular en Estados Unidos, es por eso que ya los venden en estos lotes a precios muy bajos, pero que constituyen aparte de un delito porque no cumplen con las normas oficiales mexicanas, un tema de medio ambiente, de seguridad para el comprador y para su familia”, precisó
Por tal motivo no se cuentan entre otras medidas con las ambientales, físico-mecánicas, de seguridad para la familia, que se exigen en México.
