CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Más de 50 millones de pesos es lo que adeuda el municipio por pago a policías que han sido despedidos de forma injustificada desde el 2016 a la fecha, así como a deudos de elementos caídos en cumplimiento de su deber; por lo que el presidente municipal deberá cubrir dicho pago, o de lo contario, podría ser destituido de su cargo, junto con el Oficial Mayor y el encargado del Departamento Jurídico.
La representante legal de más de 60 policías y elementos de tránsito, Angélica Rosales, informó que en este momento hay tres casos ganados por incumplimiento del municipio, por lo que el Tribunal Administrativo del Estado de Guanajuato cuenta con tres sentencias condenatorias en donde el actual alcalde puede ser destituido en caso de que no cumpla con la sentencia, que es el pago de sus derechos laborales de tres elementos.
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Añadió que el Municipio sigue sin dar cumplimiento a las demás sentencias, y explicó que de las 40 demandas que tienen ante el Tribunal Administrativo, el 90% ya se ganaron, 20 de Tránsito y otros 20 policías, otros 20 están pendientes en sentencia; sin embargo, en los casos ganados, el municipio ha impugnado y no quiere reconocer el derecho a la jubilación.
“El Tribunal Administrativo ya ordenó pasar al Ayuntamiento para que aprueben su jubilación. Pero de todos los que ya se ganaron, el Municipio ha interpuesto amparos. Para estos casos, no existe embargos para pago a los afectados, pero sí existen sanciones administrativas como es la destitución del alcalde, del Oficial Mayor y del Jurídico”, enfatizó.
Ahondó que hay dos asuntos en donde ya se ordenó dar vista al Ministerio Público, cuando estaba Elvira Paniagua, pero metieron un amparo; de igual forma, hoy otra orden en donde ya se le daba vista al superior jerárquico para la destitución, y debido a que un amparo sólo puede durar seis meses.
“Pero cuando se resuelva el amparo, el actual presidente municipal deberá responder a la orden, y así afrontar los pendientes de la ahora ex alcaldesa Elvira Paniagua que se negó en pagar a los policías”, recalcó.
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Angélica Rosales dijo suponer que con la nueva administración iba a cambiar dichas reglas o normas en donde no se reconoce al policía y elemento de tránsito como trabajador municipal, sino que está en calidad de personal de confianza, sin derechos como antigüedad, jubilación, entre otros.
“El actual encargado del jurídico, está haciendo las mismas contestaciones a las demandas. Son como machotes los que está repitiendo, porque no le cambia nada y los policías siguen sin que se les respeten sus derechos laborales”, precisó.
Uno de los policías que acudió a la entrevista, mencionó su caso de que en el 2015 tuvo un accidente en una patrulla, y sólo solicitaba que se pensionara por riesgo de trabajo, pero el municipio lo desconoció, por lo ya se dio una condena en donde ya se debe más de un millón de pesos.
Para concluir, expuso que los 60 casos de los policías despedidos injustificadamente, sin jubilación, así como a deudos de policías que murieron en cumplimientos de su deber, el municipio adeuda más de 50 millones de pesos.
