Un día después de la detención de 33 personas por la manifestación feminista en donde hubo iconoclasia en la Presidencia Municipal, éstas continuaban detenidas; familiares y activistas acusaron violación a los derechos humanos de las detenidas, pues permanecieron varias horas sin poder comunicarse, además de las agresiones que quedaron documentadas en videos que circularon en redes sociales y que convirtió al tema en tendencia nacional.
Padres y madres de las jóvenes que fueron detenidas la tarde del domingo se plantaron afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) denunciaron la violación de sus derechos como personas, al ser violentadas física y verbalmente por elementos de la Policía Municipal.
Por ello, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se hizo presente en la manifestación, para dar seguimiento a la queja que de oficio fue levantada y que quedó radicada en el expediente número 450/22-B, para ver si más familiares querían sumarse a los testimonios para engrosar la misma.
Desde las nueve de la noche del domingo, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permanecieron familiares de las detenidas e integrantes de los colectivos feministas, quienes denunciaron que en las primeras horas no les permitieron ningún tipo de comunicación con las 33 personas detenidas, por ello llevaron a cabo pases de lista cada cierto tiempo, para dejar constancia de que ahí había alguien a quien buscaban, alguien que fue subida a una patrulla y que debería estar dentro del Cereso.
Grave criminalizar la protesta: AI
Al respecto, la presidenta de Amnistía Internacional México, Luz Marcela Villalobos Andrade, señaló que es una falta grave que a las 33 personas que fueron detenidas se les trate como un criminal, sólo por levantar la voz por un hecho que está ocurriendo.
“Es un hecho gravísimo, la civilización de la protesta no es normal, no es la regla, pues es totalmente legítimo que las mujeres salgan a manifestarse contra las desapariciones y contra los feminicidios, porque sabemos que Irapuato no es un espacio seguro para las mujeres”, mencionó.
También criticó el trato inhumano que recibieron los familiares de las personas detenidas, en donde había cinco menores de edad, porque en ningún momento se les indicó el proceso judicial que iba a ser abierto, en donde las personas fueron acusadas por los daños causados a la Presidencia Municipal y por la agresión en contra de servidores públicos, aunque en un momento se les amagó de acusarlas de terrorismo, delito que en Guanajuato alcanza una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
“Fue una cadena de errores y todo se ha salido de control”, dijo Luz Marcela Villalobos, quien dijo que esto debe sentar un precedente para evitar más abusos de autoridad en las manifestaciones, que sólo exigen que la justicia esté al alcance de las personas.
Reciben las primeras noticias; dan calma a los familiares
Tras casi 24 horas de espera por parte de los familiares, quienes ni un sólo minuto se retiraron del edificio de la Fiscalía General del Estado y ahí comieron, ahí se turnaron para ir al baño y ahí vivieron las horas de angustia por saber si efectivamente sus hijas estaban en ese lugar, finalmente recibieron un respiro ante la situación, pues se les dio a conocer los motivos que se les están imputando.
Por su parte, Verónica Cruz Sánchez, activista en defensa de los derechos de las mujeres y directora del Centro Las Libres, fue la única persona que pudo ingresar a ver la situación de las mujeres dio a conocer que motivo que se les está imputando a las 33 personas y son por daños e incendios y agresiones a servidores públicos y no de terrorismo, como se especulaba en un principio.
Se reúnen adolescentes con sus padres.
Ya casi caída la noche, las cinco menores de edad que fueron detenidas finalmente pudieron reunirse con sus padres, toda vez que fueron llevadas al Centro de Justicia para las Mujeres.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las otras 28 detenidas permanecían en esa calidad, pues como a cada una le fue iniciada una carpeta de investigación, también cada una tuvo que dar su testimonio y ello retrasó el proceso de liberación.
Mientras eso sucedía, afuera familiares realizaron un cierre de la circulación de la calle Teresa Vara como forma de protesta, pues querían tener la certeza de en qué momento liberarían a sus familiares.
Exigen intervención de ONU
Las agresiones que circularon en redes sociales por parte de mujeres policías de Irapuato causaron indignación nacional, al grado de que no sólo hubo pronunciamientos como el hecho por el presidente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, o la diputada local Yulma Rocha Aguilar, quienes además pedían una sanción ejemplar por las agresones, sino que además el caso fue tendencia nacional en Twitter.
Por ello, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que aglutina a los colectivos de búsqueda que hay en el estado, pidió a la ONUDH “que documente las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos en las detenciones realizadas por Policía Municipal de Irapuato posterior a la marcha feminista del 01 de mayo”, según publicó en su cuenta de Twitter la propia organización civil.
