CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Para el Juez de Distrito en Celaya, Francisco Salazar Trejo, el desacuerdo que existe entre el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo federales, no es cuestión de salarios, como se ha planteado ante la opinión pública, sino en el fondo es la división de poderes, que debe existir de acuerdo a la Constitución. Ningún poder debe avasallar a otro.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A. C. difundió ayer un comunicado donde rechazan que se quiera hacer pasar a los jueces como oportunistas, que sólo buscan el beneficio personal; es una campaña de desprestigio para de debilitar la confianza ciudadana en sus propias instituciones, expresan en su posicionamiento público.

El juez Salazar Trejo dijo que la asociación, a la cual él no pertenece, está en su derecho de defender la autonomía del Poder Judicial y de rechazar las acusaciones de los sueldos que dicen que perciben, pues no corresponden a la realidad.

Dijo que el tema tiene que manejarse con mucha cautela, para no desprestigiar las instituciones ni a los juzgadores, pues la sociedad debe estar segura de que el Poder Judicial cumple con su función de tutelar los derechos de las personas e impartir justicia de manera imparcial.

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Mencionó que no fue conveniente que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fijara su sueldo de manera unilateral; sin embargo, el hecho de que los jueces ganen poco o mucho, no debe ser un referente para la calidad de su trabajo, ya que mencionó que “la sociedad debe confiar en que siempre encontrarán jueces federales dispuestos a cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia”.

Por su parte, la Asociación citada emitió el pronunciamiento, donde mencionan que se ha querido dar un falso discurso de que son privilegiados y que viven del abuso del erario público, aclarando que los 600 mil pesos que se ha dicho perciben, que no corresponde “ni cercamente” a la realidad.

Hacen referencia también a que “en un auténtico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida, como la que permitió este cambio de rumbo, no caben jueces dóciles o al servicio de nadie”.

La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro país, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías, no sean violentados, se lee en el manifiesto.

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Se hizo hincapié en los riesgos que implica asumir altos cargos en el Poder Judicial y que se han hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país, ya que no sólo está en juego su seguridad, sino también la de sus familias; además de que el componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial.

Lo que proponemos, es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes, creado por la Constitución para cada uno de los órganos del Poder Público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho.

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