El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) solicitó a las empresas que desarrollan las obras en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que procedan a calcular los gastos no recuperables.
En un oficio fechado el 27 de diciembre y firmado por el director general del GACM, Gerardo Ferrando Bravo, se notificó a los directores corporativos de las empresas involucradas en el proyecto el inicio de la terminación anticipada de los contratos de la obra, cuyo costo total se calculó en 13 mil 300 millones de dólares.
En el oficio GACM/DC/035/2018, el grupo dio a conocer entre las causales de la terminación de la obra aspectos de planeación y presupuestación, así como causas geológicas e hidrológicas adversas a la obra.
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El GACM instruyó a su equipo jurídico y administrativo a apoyar a las empresas afectadas a las que pidió utilizar, en su caso, los mecanismos alternativos de solución de controversias, conciliaciones y procedimientos de liquidación.
“Ya está suspendida oficialmente la construcción de ese aeropuerto”, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la confrerencia de prensa mañanera.
Los gastos no recuperables están entre 25 mil y 40 mil millones de pesos, según calculó Jiménez Espriú el 5 de noviembre, después de una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los principales contratistas del NAIM. Lo que ya está invertido en Texcoco, explicó en esa fecha, son 60 mil millones de pesos.
“No hay ninguna penalización ni hay ninguna fianza, el gobierno no acepta penalizaciones a los contratos; cuando hay una suspensión de una obra por causa de interés público no hay penalizaciones, lo que sí hay es el cumplimiento de los compromisos; es lo que quedamos”, dijo en aquella ocasión.
A ese encuentro asistieron 16 empresarios entre quienes estaban Carlos Hank Rhon y Olegario Vázquez Aldir. Carlos Slim, uno de los que tiene mayor participación en el proyecto, envió en su representación a Antonio Gómez, director general de Grupo Carso. Hay 350 empresas más que tienen contratos pequeños.
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El anuncio hecho este jueves por el funcionario tardó una semana en relación con el momento en el que se formalizó la decisión, incluso cuando El Sol de México solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información sobre el avance del proceso apenas el pasado miércoles, aunque el equipo de Comunicación Social de la dependencia señaló que no tenía información disponible.
El proceso de comunicación con la SHCP es intermitente, y sólo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tuvo acercamientos ocasionales con medios, a quienes brindó entrevistas escuetas.
Horas después del anuncio de ayer, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, fue testigo en la firma de un acuerdo anticorrupción entre la SHCP y Función Pública.
Urzúa abandonó el evento antes de que acabara y se escabulló por los pasillos de Palacio Nacional, evadiendo preguntas sobre los términos alcanzados con los tenedores de bonos.
El pacto establece que los bonos se comprarán en su precio original (100 dólares) y se pagará uno por ciento adicional.