¿Renovar el poder judicial o el sistema de justicia?
El presidente de México envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, que fue dada a conocer el 5 de febrero pasado y que esencialmente propone la reforma constitucional al poder judicial de la Federación. Propone que los jueces y magistrados de este país deben ser electos para asegurar su legitimidad, es decir, si son más populares serán mejores jueces.
Qué absurdo, en todos los casos para poder hacer una interpretación de la ley, se necesitan conocimientos, capacidades y el dominio de herramientas de carácter jurídico que por supuesto exigen el desempeño de la función judicial.
Así como la legitimidad del poder ejecutivo y del poder legislativo proviene del ejercicio del derecho de todos los ciudadanos de este país para votar y ser votado; en el caso del poder judicial, su legitimidad proviene de su conocimiento, capacidad, y compromiso con el orden constitucional, con las leyes que de ella emanen y con el dominio de las técnicas jurídicas que permitan defender los derechos humanos de los ciudadanos.
La propuesta del presidente implica que el Instituto nacional electoral debe ser el órgano responsable de organizar una nueva elección para renovar las estructuras en las cuales recae el desempeño de la función de impartición de justicia en nuestro país. Sólo se está proponiendo renovar el poder judicial de la Federación, no se está proponiendo evaluar y en consecuencia reformar el sistema de justicia de nuestro país.
Un proceso de elección para renovar las estructuras del poder judicial, implica como todos estos procesos, de movilización política, a efecto de llevar a esos cargos a personas afines, al poder político en turno, no necesariamente a partir de su compromiso con la justicia, y quizá desde antes a partir de su conocimiento, su preparación, su actualización, y más específicamente su preminencia por tener mayor o mejor dominio de las leyes, de su aplicación, de la jurisprudencia, y por supuesto de su capacidad para sentenciar, es un riesgo trascendente pasar por un proceso de elección popular los criterios de independencia e imparcialidad de quienes administran la justicia y poner en un ejercicio de popularidad el profesionalismo con el que debería desempeñarse.
En la propuesta del oficialismo se contempla la creación de un tribunal de disciplina, sería el órgano responsable de censurar a los jueces para resolver los casos, especialmente si las resoluciones no fueran en el sentido propuesto o deseado del régimen político en turno.
Si la premisa es que el presidente mexicano, que está por dejar su responsabilidad, tiene interés en renovar el poder judicial, tendría que partirse del hecho en el que, la impartición de justicia es el último paso dentro del proceso. La educación cívica para animar a los ciudadanos a presentar las denuncias, infraestructura y capacidad de prevención del delito y desde luego la integración de las averiguaciones y todas las responsabilidades que de ahí se derivan en las fiscalías y por supuesto, la impartición de justicia.
Para renovar el sistema de justicia de nuestro país la puerta de acceso a ese proceso no está en el poder judicial, tiene varias entradas y requiere una gradualidad que sólo se puede derivar de una evaluación que aporte y deje claro indicadores de desempeño, de resultados, que puedan compararse en un Marco formal de competitividad con los procesos de justicia de otros países, y que efectivamente, una vez que se tenga una evaluación, se tomen las decisiones que impliquen la renovación del sistema.
Diputados y senadores de la actual y próxima legislatura de nuestro país; ¿tiene algún grado de dificultad comprender que se requiere una evaluación que, naturalmente, debe ser una tarea de profesionales conocedores de la materia, tanto como de modelos de evaluación, para tener los números de referencia que impliquen decisiones orientadas a un proceso de mejora que también pueda ser evaluado?
Uno de los argumentos más sólidos en voz de quienes representan los intereses de parte del poder judicial es su larga y sólida formación profesional, que parecen no importarle al presidente y a la presidenta electa y que mantienen su posición respecto a la reforma del poder judicial como si con ello se fuera tener un efecto de reforma al sistema judicial, es decir, la iniciativa del presidente parte de una falacia, lamentablemente derivada de una maniobra que por lo pronto dejaría sin capacidad de acción neutral, libre e independiente a los propios jueces y magistrados.
Con el nombre de reforma al poder judicial, se ha puesto en marcha una maquinaria ideológica en la que se pone en peligro el equilibrio de los poderes del Estado y, por lo tanto, el perfil democrático del mismo; no es la reforma del poder judicial, un propósito innovador de fortalecimiento del estado democrático, todo lo contrario, es la concentración del poder en la figura del ejecutivo. Resumiendo, todas las facultades de los tres poderes en uno.
Renovar el sistema judicial mexicano, permitiría abatir la impunidad crónica que padecemos los mexicanos y que hace cada vez más difícil y deficiente el acceso a la justicia, desde luego que es importante impulsar una reforma al sistema de justicia en su conjunto; esa necesidad no puede ni debe ser confundida con el intento de desmantelar las condiciones de contrapeso que ejerce el poder judicial señaló el Dr. Ricardo A. Ortega.
Si al menos nueve de cada 10 delitos, quedan sin castigo, se debe en buena medida a la falta de capacidad, de independencia y de profesionalismo de las fiscalías para la averiguación e integración de las carpetas con las que se denuncian los crímenes.
Este asunto que sé deberá resolver en la nueva legislatura podría establecer reglas que garanticen que quienes participen en los procesos de selección para el poder judicial, cuenten con los perfiles profesionales y técnicos, tengan los conocimientos y la experiencia de interpretación constitucional, y desde luego la independencia y autonomía de otros poderes.
Hasta hoy los mensajes del oficialismo con relación a la llamada reforma del poder judicial, están en la línea de una reforma regresiva, añorante del poder judicial de principios de los noventas, cuando la suprema corte de justicia de la nación era como un apéndice del poder ejecutivo, a esa concentración de poder se refería el escritor Vargas Llosa, cuando participaba en aquellos diálogos democráticos y acuñó la expresión: México es la dictadura perfecta.
José Gerardo Mosqueda Martínez
gmg@gerardomosqueda.com.mx
