Sobre el futuro de la justicia en México
Son muchos los signos políticos que conviene considerar cuando la polémica está centrada en una confrontación de criterios, de visiones y de expectativas derivadas de las iniciativas de reforma constitucional que propone el presidente López.
Por el momento es una importante novedad política, la presencia del pleno de la suprema corte de justicia de la nación en el recinto legislativo, acudiendo a la convocatoria del primero de los foros de parlamento abierto para discutir sus visiones respecto a las reformas.
¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos?
Es un gran tema para la vida del país que empieza su ruta en la Comisión de puntos Constitucionales quién será encargado de dictaminar la iniciativa y la junta de coordinación política, dónde estará el punto álgido de las discusiones, pero también la ruta de salida para cumplir con el desahogo de la iniciativa, porque al parecer esto es lo que le indica su sentido de la venganza al presidente López.
Todos los ministros de la suprema corte estuvieron presentes y desde luego muchos funcionarios del poder judicial, manifestando su preocupación por el futuro del equilibrio y los contrapesos entre los tres poderes del Estado.
El poder judicial, resuelve conflictos, aplica la ley y la norma que tiene su origen en la Constitución, no son los intereses de un grupo aun cuando este sea una mayoría. Es un poder, sin duda, que en ocasiones sus decisiones pueden no gustarle a la mayoría, pero en eso radica precisamente parte de su esencia, porque se trata de la protección de los derechos humanos, incluso frente a las decisiones de los grupos mayoritarios y no se trata de someter a votación estos derechos.
Simplemente hay límites en las cosas que pueden someterse a una consulta popular.
La reforma se argumenta y sostiene que los integrantes del poder judicial deben hacerse responsables ante la ciudadanía de las decisiones que toman y dotar de legitimidad democrática a los órganos jurisdiccionales, sin embargo, la democracia no sólo son procedimientos de elección, es esencialmente la defensa de los derechos.
El empeño del presidente López, y ahora también de la presidenta electa Sheinbaum está en poder plantear que los jueces deben de ser electos por los ciudadanos y si bien es cierto que los fallos de los órganos jurisdiccionales deben de ser imparciales y fundarse exclusivamente en hechos y normas jurídicas, sin que tengan influencias externas, el incumplimiento de esta responsabilidad parece justificar el cuestionar todo lo que deriva de la acción del poder judicial.
El primer riesgo que se corre con la elección tiene que ver con los grupos de interés de los que habla tanto el presidente, porque van a seguir teniendo los mismos intereses y no solamente esos grupos, sino se ha hablado especialmente de la participación del crimen organizado, que sin duda es una posibilidad en un contexto como el que lamentablemente se ha ido configurando en el país, llegaremos en breve a los 190,000 crímenes dolosos y más de 50,000 desaparecidos, precisamente cuando está concluyendo el sexenio de mayor presencia de personal uniformado y armado circulando por toda la nación mexicana y, pese al fracaso del modelo de seguridad preventiva, que representa un órgano de Orden, como es la Guardia Nacional.
Todo contrasta con una estrategia en la que, después de casi seis años, se sigue mintiendo con las cifras oficiales y se sigue culpando a gobiernos anteriores de las realidades que hoy vive el país en materia de seguridad, de prevención y de castigo de los delitos.
Un segundo asunto, de los varios que contienen la reforma, se refiere a la modificación del artículo 17 constitucional para afirmar que deberán respetarse plazos, aunque no se dice nada sobre cómo cumplir con ellos, pero los asuntos judiciales deben ser atendidos por el personal capacitado y con el conocimiento técnico, por lo que se facilita generar soluciones más rápidas con la especialización de los servidores del poder judicial, con esta reforma pierde sentido el esfuerzo para adquirir la experiencia que tiene el personal y que ha ido adquiriendo durante el trayecto de una carrera.
Sí bien los términos de la carrera dentro del poder judicial se mantienen, estos pierden sentido cuando lo que se quiere es que jueces y magistrados sean electos en voto directo.
Los incentivos a una mejor preparación en el poder judicial quedan sin efecto, cuando se le dice a alguien que puede llegar a ser secretario de juzgado, pero para ser juez o magistrado dependerá solamente de una elección.
En la iniciativa del presidente López y quienes la apoyan, están dejando de lado en análisis y las propuestas para atender las causas estructurales por las que el poder judicial tiene problemas serios en su funcionamiento, es decir, la suprema corte toma decisiones que echan abajo una ley, pero existen los órganos representativos que pueden tomar en cuenta esa resolución, y abrir un debate, un nuevo debate.
Lo que se plantea como un problema es en realidad una oportunidad que da la misma ley entre quienes tienen legitimidad democrática por la vía de las urnas, es decir, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y el que tiene legitimidad al dar cumplimiento a la constitución, es decir el poder judicial.
La ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación y del Consejo de la judicatura Federal, Norma Piña advirtió en la cámara de los diputados que hay un paso veloz para probar una reforma al poder judicial de la Federación. Sólo puede dar entrada a problemas mayores. La justicia señaló la presidenta, es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad, que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno, no es un monopolio del poder judicial.
Una reforma judicial mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico, tomo las palabras del ministro, Alfredo Gutiérrez…. Las prisas del presidente por cobrar venganza contra el poder judicial corren el riesgo de generarle. Una nueva crisis económica al país.
Por ahora es especialmente importante como mexicanos interesarnos en los contenidos y en las expectativas que se tienen por los grupos políticos representados en el poder legislativo, y desde luego, por las expresiones vertidas por el propio poder judicial, no sólo en la voz de los ministros de la suprema corte, también en las opiniones vertidas por los tribunales en los distintos estados del país.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
José Gerardo Mosqueda Martínez
gmg@gerardomosqueda.com.mx
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