El país se inquieta ante una reforma al Poder Judicial, en Guanajuato y todo el país, la guerra mediática está a todo lo que da, se dice que se perderá la independencia del poder judicial. ¿Pero realmente existe independencia?

Analicemos y conozcamos lo siguiente: uno de los objetivos de la reforma al Poder Judicial, es la necesidad de establecer un sistema que garantice un mayor grado de independencia judicial. Para garantizarlo, necesitamos modificar el sistema de designación de las personas juzgadoras, pues el método vigente ha privilegiado el nepotismo y las componendas entre grupos de poder. Para ilustrar el esquema de designación actual, basta con señalar un ejemplo reciente. En Guanajuato, hace unas semanas fue electo Consejero del Poder Judicial del Estado, el señor Eduardo López Mares, dirigente estatal de Acción Nacional hasta unos días antes de llegar al Poder Judicial.

El señor López Mares operó la elección estatal como dirigente partidista, y pasadas las elecciones, fue impuesto por el gobernador del Estado en el Poder Judicial. Ahora, el ex dirigente de Acción Nacional no nada más se encarga de la disciplina y evaluación de las y los jueces en Guanajuato, sino también de organizar las manifestaciones del Poder Judicial contra la reforma, en las que es común observar una ardiente defensa de la independencia judicial. El chiste se cuenta sólo.

Lo que propone la reforma es que las personas juzgadoras sean elegidas mediante el voto popular, y no respondan a más intereses que a los del pueblo de México. Acaso nuestra Corte ha sido buena y sabia, independiente de los otros dos poderes y de cualquier grupo de presión en que pueda pensarse, el militar, el clerical o el de la burguesía adinerada.

Es evidente que el Poder Judicial no es independiente, y que ha actuado más bien como un brazo estratégico de los poderes políticos y económicos, nacionales y extranjeros.

Así que, por decenios, mientras que con las reformas neoliberales que afectaban los derechos de las mayorías la Suprema Corte fue dócil y permisiva, con las reformas y políticas públicas de la cuarta transformación ha sido todo lo contrario, hasta el grado de excederse en sus atribuciones.

Bajo una premisa mal entendida de que su función consiste en la defensa de las minorías, su guía ha sido la defensa de los privilegios de unos cuantos, no los derechos de las mayorías empobrecidas o en situación de vulnerabilidad. Así ha sucedido, por ejemplo, con la Reforma a la Ley Eléctrica, con la que se buscaba garantizar la seguridad energética, sin embargo, la Suprema Corte prefirió ponerse de lado de las poderosas empresas privadas del sector eléctrico; así mismo, ha garantizado que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sigan burlando la Constitución, que establece que nadie puede tener un salario mayor que el del presidente de la República.

Elegir a los integrantes del Poder Judicial nacida del voto de la ciudadanía tendría la legitimidad democrática de origen en este nuestro país y no la desconfianza de las mayorías ante el actuar de ministros, magistrados y jueces.