¿Problemas para contratar personal? Esto te interesa.
El pasado 24 de agosto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Friedrich Naumann publicaron el reporte ‘Nearshoring: prioridades para el desarrollo nacional’. En él se analizan indicadores señalados como prioritarios por autoridades e inversionistas en México. A través de dichos indicadores, el IMCO determinó 21 variables relacionadas en diferentes categorías, como, el mercado laboral, los insumos básicos, la vivienda y el entorno regulatorio medidas en una base a nivel de cada una de las 32 entidades federativas.
De las 21 variables analizadas por el IMCO, hay una que resulta especialmente relevante para el caso de Guanajuato. En la categoría que mide las condiciones del mercado laboral, el estado ocupa la primera posición nacional en cuanto al tamaño de la potencial Población Económica Activa. Según el IMCO, “uno de los aspectos clave para la toma de decisiones en cuanto a la localización de plantas productivas es la disponibilidad de los factores de mano de obra y talento humano, los cuales son necesarios para facilitar la producción y garantizar la rentabilidad de las inversiones”. La fuerza laboral potencial refleja el número de personas que podrían incorporarse al mercado laboral, siempre y cuando se desarrollen los incentivos y condiciones adecuadas para ello.
En Guanajuato, la población mayor de 15 años que está laboralmente desocupada, disponible y con interés para trabajar representa más del 23 por ciento de la población económica activa en la actualidad, la mayor proporción entre las 32 entidades federativas del país. La mediana nacional para este indicador apenas sobrepasa el 15 por ciento y entidades como Querétaro y Jalisco están ya por debajo del 15 por ciento.
Resulta muy interesante la posición de Guanajuato en esta variable, sobre todo al considerar que en el mercado productivo del estado existe una seria y real dificultad para lograr la contratación de personal, sobre todo en posiciones de procesos que requiere competencias específicas de operación, como personal para producción en planta, choferes de camión y equipo pesado, mano de obra para la construcción y personal que desarrolla oficios específicos.
Si la política de desarrollo económico del estado y las estrategias específicas de cada empresa lograran entender cuáles son los incentivos y condiciones que buscan las y los guanajuatenses que hoy están laboralmente desocupados, disponibles y con interés para trabajar, se podría avanzar a la mayor velocidad posible, en comparación con el resto de las entidades federativas en México, en la inserción de personas al mercado productivo. De lograrlo, se observaría un doble efecto positivo.
Por un lado, aumentar el nivel de vida de las familias del estado generando mayores ingresos laborales y, por otro lado, incidir positivamente en la productividad de las empresas y la atracción de inversiones, asegurando la suficiente oferta laboral para satisfacer las necesidades de contratación de personal en dichas empresas. Resulta evidentemente paradójico, que en una entidad en la que la planta productiva abiertamente reconoce la dificultad para conseguir suficiente personal y disminuir los índices de rotación laboral, exista el mayor potencial para aumentar la base de personas que integran la Población Económicamente Activa. El mensaje es claro; ni la política pública de desarrollo laboral, ni las estrategias particulares de cada empresa han sido capaces de entender lo que necesitan más de 656 mil hombres y mujeres en Guanajuato para aceptar poder ser contratados por una empresa
De acuerdo a la información que provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Guanajuato existen, al cierre del primer semestre de 2024, 2.8 millones de personas laboralmente ocupadas, lo cual representa el 59 por ciento de la población de 15 años y más en el estado. Dado este nivel de ocupación, la tasa de desempleo en la entidad cerró en el mes de junio en un 2.9 por ciento. Esta lectura del mercado laboral nos puede llevar a la falsa conclusión de que el estado se encuentra en una situación de pleno empleo ‘real’ y que las empresas no tienen otra opción más que competir con otras empresas para atraer una cantidad de trabajadoras y trabajadores que no puede aumentar, pues no existe.
En el mercado laboral, ocultas entre algunas sombras que no hemos logrado iluminar, se encuentran 656 mil personas que esperan que las empresas entiendan sus necesidades específicas para que, al satisfacerlas, se puedan incorporar al mercado laboral, pues en efecto, desean incorporarse, pero no lo podrán hacer hasta resolver dichas necesidades específicas. Definir, localizar, analizar y proponer soluciones para estas 656 mil personas, con las que la oferta laboral podría crecer el 23.4 por ciento, debe de ser un objetivo prioritario de las autoridades estatales y municipales en materia de desarrollo económico y laboral, de organismos intermedios, principalmente de las cámaras empresariales, y de todas y cada una de las empresas instaladas en el estado.
Aquí proporciono solo algunas cifras relevantes; entre las y los 656 mil guanajuatenses que están listos para insertarse al mercado laboral, al cierre del primer semestre del 2024, en Guanajuato hay casi 423 mil personas disponibles para trabajar pero que no busca empleo por considerar que no tiene posibilidades de conseguirlo. Estas personas creen que no cuentan con alguna competencia de las muchas que las empresas requieren, o que no cuentan con el nivel de estudios o la experiencia necesarios para trabajar.
La deserción escolar y la desalineación del sistema educativo y de capacitación con las demandas reales del sector productivo, han generado percepciones de incapacidad laboral en 129 mil hombres y 294 mil mujeres en Guanajuato, a quienes ofreciéndoles esquemas de capacitación adecuados y programas de desarrollo humano con los que reconstruyan una parte de su percepción personal reprimida, podrían incorporarse al mercado laboral, pues desean hacerlo.
Por otro lado, en el estado existen casi 218 mil personas con interés para trabajar, pero que perciben un contexto personal que se los impide. Este grupo de personas, compuesto por 49 mil hombres y 168 mil mujeres, se considera imposibilitado para encontrar un empleo debido a que nadie más en el hogar podría hacerse cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal, como un embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente.
De esta forma, si la política de desarrollo laboral del estado atiende estos atenuantes y desarrolla programas prácticos y efectivos de capacitación y vinculación con empresas y, por otro lado, cada una de las empresas y grupos que las asocian desarrollan ofertas laborales bien remuneradas en las que pueda calificar un prospecto sin experiencia previa ni competencias ya desarrolladas, que habrán de adquirir gracias a los programas de inducción y capacitación que las empresas deben de ser capaces de desarrollar, el estado podría solucionar el problema de la ‘escases’ de fuerza laboral y acelerar el proceso de combate a la pobreza.
LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO.
Una estancia infantil, un centro de atención a personas de edad avanzada, un programa de capacitación específico para el desarrollo de una competencia demandada, un paquete de incentivos de desarrollo y bienestar personal, entre otras acciones efectivas que solucionen problemas específicos de las personas, podría cambiar la vida de una familia y solucionar el problema de reclutamiento y rotación de personal en una empresa. ¡Manos a la obra!
