Y en México, ¿qué sigue?
La contienda electoral ha terminado y es momento de realizar una seria reflexión sobre los grandes retos que las próximas autoridades federales habrán de enfrentar. Claudia Sheinbaum Pardo será la próxima Presidenta de México, accediendo a la titularidad del Poder Ejecutivo con una importantísima legitimidad que el resultado electoral le ofrece. Habrá que esperar aún a que el Instituto Nacional Electoral asigne las Senadurías y Diputaciones por el principio de representación proporcional, pero el escenario más probable le es muy favorable a Morena y sus aliados.
Sin embargo, en medio de la satisfacción por el triunfo que obtuvo, seguramente las preocupaciones sobre el futuro inmediato deben de abordar de forma permanente a quien tomará el destino de México en sus manos el próximo 1 de octubre. Se han abierto peligrosos frentes en los ámbitos político, económico y social a los cuales, más allá del discurso propio de una campaña política, se deberá de atender para evitar que las bombas le truenen en las manos.
Me parece que, desde la perspectiva económica, el déficit público es hoy el mayor factor de riesgo en México. En el ejercicio 2024, los requerimientos financieros del sector público rebasarán el 50% del Producto Interno Bruto. Pensar en que el gobierno federal podrá seguir financiando las inversiones en los ‘proyectos estratégicos’ de López Obrador y las crecientes necesidades presupuestarias para programas sociales es una falacia insostenible. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo ha implícitamente reconocido en los Precriterios de Política Económica del 2025, en los que planea un recorte al gasto del 8.8 por ciento en términos reales.
Además, bajo este escenario de restricción financiera, la propia SHCP estima una reducción real de los ingresos petroleros del 13.5 por ciento. No podemos obviar, que los proyectos insignia de López Obrador exigirán la aplicación de recursos públicos para finalizarlos y, tal vez más grave aún, para subsidiarlos en el mejor de los casos en el corto plazo; sin dejar de mencionar el lastre que hoy representa PEMEX para las arcas de la federación. A ello sume Usted la presión política y social que el gobierno de Sheinbaum habrá de enfrentar después de que las campañas políticas, de los tres candidatos a la Presidencia de la República, se sustentó en la promesa de más y mayores transferencias de dinero público a las personas.
El menor gasto del gobierno y una posible presión fiscal a los contribuyentes genera expectativas de crecimiento económico muy cortas para el 2025. El consenso de perspectiva en cuanto a la tasa de crecimiento es del 1.8 por ciento que generará aún un mayor rezago en el Producto Interno Bruto per cápita que aún no logra recuperarse del duro golpe que sufrió en la Pandemia en el 2019.
Resulta de alguna forma frustrante que hoy se deba de lidiar con este escenario fiscalmente restrictivo en el momento preciso en el que el gobierno federal debería de estar invirtiendo como nunca antes en infraestructura que apunte la productividad del país asegurando el suministro energético, la disponibilidad del agua y la conectividad entre los principales polos de producción y consumo. El ‘nearshoring’ podría ser un efectivo acelerador del crecimiento, de la creación de empleos con mayores aspiraciones salariales y aliviar la tensión fiscal aumentando las bases sobre las que se tributa en México. Pero desafortunadamente el país no está en condiciones de capitalizar las oportunidades de la relocalización y vamos contra reloj.
Es importante, en el contexto del desempeño de México en la economía internacional, recordar que en el 2026 vendrá una nueva revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.
Nuestro vecino en el Norte impulsará negociaciones que protejan a su planta productiva y ello generará un ambiente de incertidumbre que no favorecerá la atracción de inversiones extranjeras en los dos próximos años. Ante ello, la estrategia en México debe de ser el profundizar la productividad de las empresas para lograr mayores argumentos competitivos y no poner en riesgo el balance comercial del país. La realidad es que la productividad de la mano de obra en el primer trimestre del 2024 resultó 4.5 por ciento menor a la productividad que se observaba al cierre del 2018 y parece que ello, en las campañas políticas, a nadie le preocupó.
Los retos son de tamaño mayúsculo; lamentablemente estos eran los temas relevantes a plantear en las campañas. Contrastar las propuestas para resolverlos era en donde se debió de centrar el debate nacional. Hoy no conocemos el rumbo que decidirá tomar la próxima Presidenta de la República. Comportarse como estadista implica ejercer el poder, en muchos casos, en un sentido opuesto al de su discurso; por otro lado, comportarse como populista implica profundizar los riesgos y jugar a la ‘papa caliente’. Las primeras señales claras del porvenir las tendremos en el próximo mes de septiembre, cuando la SHCP entregue al Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio 2025. La realidad nos está reventando en la cara.
LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO
En materia de política social, la reconstrucción del sistema de salud y la corrección del modelo educativo son necesidades indiscutibles. Es inminente la necesidad de aplicar recursos públicos para recuperar el acceso a los servicios de salud, combatir el rezago educativo y recuperar la matrícula perdida en educación básica y media superior en los últimos 5 años. ¿De dónde saldrán los recursos? Nunca nos lo supieron decir las y el candidato.
