El debate de la Reforma al Poder Judicial continúa, por lo que es necesario se conozca su contenido y no solo se prejuicie y se descalifique a priori si se debe aprobar o no.
Un importante tema en el Poder Judicial es el papel que juega el Consejo de la Judicatura Federal, ya que tiene funciones administrativas, de vigilancia y disciplina del propio Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Todos los y las mexicanas hemos visto cómo el Poder Judicial se ha querido imponer como el poder supremo en nuestro país, y no necesariamente en beneficio del pueblo de México.
Los poderes públicos son autónomos unos de otros, pero no deberían ser autónomos de su población, porque a ella se deben.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo son elegidos directamente por la ciudadanía. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, no son las y los ciudadanos quienes los eligen, sino los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y en la Presidencia de la República. Esto implica que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se deben al pueblo de México ya que fueron elegidos por él y debe responder con acciones en su beneficio.
¿Entonces a quién responde el Poder Judicial? Precisamente responde a quienes propusieron a sus integrantes y a quienes los eligieron y, en este caso, no es a la ciudadanía, sino a los intereses políticos y económicos de quienes los promovieron.
Por otro lado, como parte del Poder Judicial de la Federación, existe el Consejo de la Judicatura, cuya función principal es vigilar y disciplinar a los jueces y magistrados. En nuestro país, quien encabeza el Consejo de la Judicatura es la misma persona que encabeza la Suprema Corte de Justicia.
El Consejo de la Judicatura no entrega cuentas al pueblo de México y casi nunca sanciona las acciones corruptas de jueces y magistrados.
Dentro del Poder Judicial se han acumulado vicios que repercuten en la impartición de justicia, tales como la corrupción, el nepotismo, acoso sexual, la violencia de género, ausencia de políticas públicas en materia de género, una escuela judicial deficiente y con concursos de oposición amañados, atraso tecnológico y descuido en la atención a la defensoría de oficio, tan importante para los que no tienen recursos para pagar un abogado.
Por todas estas fallas la que sufre es la ciudadanía, porque es quien las vive en carne propia por la falta de atención y la impartición verdadera de justicia, por los tiempos prolongados para que los casos sean atendidos y resueltos y porque los fallos se dan a partir de las posibilidades económicas de los afectados.
Por lo anterior, en la Reforma al Poder Judicial se propone modificar el diseño y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios de este Poder. Se propone sustituir al actual Consejo de la Judicatura por un nuevo órgano de administración judicial con independencia y crear un tribunal de disciplina judicial para sancionar al personal que incurra en las faltas que establece la ley. Los integrantes del tribunal de disciplina judicial también se elegirán con voto popular.
Sus sanciones podrán incluir amonestaciones, multas, suspensiones o destitución. Asimismo, podrá dar vista al ministerio público en caso de delito, o solicitar juicio político ante el Congreso de la Unión.
Esto es solo una parte de la propuesta a la Reforma al Poder Judicial, pero ha puesto a temblar a muchos de los integrantes de este poder y a todos aquellos que se beneficien con el actual sistema de elección y su funcionamiento.
Como dice una canción: “Todo cambia, todo cambia” y debe ser para mejorar.
Por ello la población debe estar informada y participar en los foros y encuestas que se organicen para la discusión de esta reforma.
