Las razones para reformar al Poder Judicial se reafirman cada vez que conocemos más sobre él al darnos cuenta de cómo se hicieron de privilegios que ningún otro ciudadano o ciudadana podría tener.

El estatus económico alcanzado por los ministros, magistrados y jueces provocan también conductas de superioridad y sentimientos de merecer lo que reciben y tener derecho a pedir más.

Un ejemplo es el de los altos salarios de los ministros de la suprema corte de justicia que violan el artículo 127 constitucional, ganando más que el presidente de la república además de los fideicomisos que garantizan pensiones y prestaciones para ministros, magistrados y jueces pese a que su ejercicio pueda ser de solo unos cuantos años.

Los ministros cuando se retiran tienen derecho a una pensión mensual de su salario tabular del 100% que es de $300,000 pesos mensuales por 2 años y posteriormente una pensión vitalicia al 80%.

Los ministros tienen un Haber de Retiro que consiste en:

Pago de riesgo profesional por 600,000 pesos; aguinaldo de $568,000.00 pesos, prima vacacional de $95,464 (esto aunque no se encuentren laborando) y pago de seguro de gastos médicos mayores además del pago de medicamentos.

Tienen la prestación de un seguro de vida de 12 millones de pesos para ellos y sus cónyuges sumando a estos beneficios la prestación de más un millón de pesos aproximadamente de gastos funerarios.

Se les dotará de recursos para pago de sueldos de 5 personas de apoyo como ayudantes, choferes y técnicos. Por otra parte, el haber de retiro incluye el pago a 5 personas de seguridad.

Tienen derecho a 2 vehículos blindados de aproximadamente 3 millones de pesos cada uno, gastos de gasolina, mantenimiento de vehículos y pago de peajes.

Debo decir que esta descripción de los privilegios que les han sido otorgados a los ministros en retiro nos son todos de los que gozan o gozarían si no se aprobara la reforma al poder judicial y de los que gozan los ministros en activo.

En el momento que se aprobará la reforma referida se extinguirían los fideicomisos que solo benefician a ministros, magistrados, jueces y todos aquellos privilegios de los que gozan que no están aprobados por ninguna ley.

Los 23 millones que han acumulado en los fideicomisos serían entregados a la tesorería de la federación para programas sociales y para el fondo de pensiones a los trabajadores y trabajadoras.

Es importante señalar que en el ejercicio fiscal se contempla garantizar todos los derechos y conquistas laborales de los trabajadores del poder judicial. La reforma al poder judicial no está dirigida para afectar al conjunto de servidores públicos, sino para superar las deficiencias y rezagos de impartición de justicia dando continuidad a la trasformación de nuestro país.

La austeridad republicana no se aplica al ejercicio del gasto público en beneficio de la población, por el contrario, se dirige a eliminar los privilegios de las castas poderosas del gobierno que abusaban del dinero público para enriquecerse.

La máxima utilizada hoy día es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el dinero utilizado para privilegios es útil y necesario para abatir las grandes desigualdades sociales.