En días pasados se ha desatado una gran polémica por los 40.000 millones que el gobierno de López Obrador pretende fondear de las Afores a un fondo de pensiones para el Bienestar, esto ante la propuesta de Morena para llevar a cabo la reforma sobre las pensiones no reclamadas.
Esta iniciativa busca la incorporación de Afores inactivas de las personas mayores de 70 años a un fondo, con el propósito de gestionar las nuevas pensiones, lo anterior sin duda pone en total desacuerdo a la oposición, quienes ya se pronunciaron al respecto, ante el “saqueo” que esto originaría a los trabajadores; así mismo tenemos la opinión de expertos que señalan que de ser así se estaría originando una gran incertidumbre y desconfianza.
Lo anterior nos pone en un escenario de expropiación en donde el gobierno se estaría adjudicando recursos que no le pertenecen, si bien, estos no han sido reclamados, eso no da derecho a que sea el gobierno quien los obtenga. La justificación que ha manejado es la utilización de estos para fondear las pensiones de quienes vayan a retirarse en los próximos años bajo la Ley de 1997, lo cual no justifica que se utilicen estos fondos no reclamados, y que no exime que lo puedan ser en un futuro.
Y para evitar que parezca una expropiación, la iniciativa establece que se realicen cuentas individuales para que, si se diera el caso de una reclamación en un futuro por parte del trabajador o sus beneficiarios, se pueda realizar una devolución.
Esta iniciativa pareciera que tiene tintes electorales; a dos meses de las elecciones muy posiblemente Morena esté buscando desesperadamente algo que le dé más votantes, ya que busca ganar el sufragio de los trabajadores próximos a jubilarse bajo el esquema de 1997 y que contarán con pensiones más altas en caso de que esta reforma se lleve a cabo.
De aprobarse la reforma, las Afores estarían obligadas a realizar las transferencias al fondo de pensiones para el Bienestar sobre los recursos de los trabajadores a partir de los 70 años, que no hayan solicitado la devolución de los saldos de sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, además de vivienda.
No obstante, sería más beneficioso realizar campañas o buscar la forma de que los trabajadores y/o sus familiares recuperen este dinero, el cual les pertenece, y que ha sido fruto de su trabajo y que por desconocimiento o falta de información aún no lo saben.
El riesgo mayor, es la mala reputación y la gran incertidumbre que se creará en los sistemas de Afore, ya que habrá una gran confusión y desconfianza, además de que permitiría sentar precedentes para próximos gobiernos, lo cual sin duda repercutiría directamente en la sociedad.
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